MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los hosteleros registrarán una caída de sus ventas del 10% y perderán unos 140.000 empleos, el 10% del total, como consecuencia del endurecimiento de la ley antitabaco, que contempla la prohibición total de fumar en espacios públicos a partir del año que viene.
Así lo estimó el presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, quien destacó el impacto que tendrá la modificación de la ley en el sector, afectado ya por la crisis económica y el enfriamiento del consumo.
En este sentido, Rubio subrayó la repercusión económica que ha tenido la decisión de prohibir fumar totalmente en espacios públicos en Irlanda, Gran Bretaña y Chipre, los únicos tres países de los 27 de la Unión Europea que han adoptado esta iniciativa.
Así, el 24% de los bares y el 8,7% de los restaurantes han cerrado sus puertas en Irlanda tras la aplicación de la ley, mientras que en Gran Bretaña los cierres de los pubs superaron el 7%.
Rubio compareció hoy ante los medios de comunicación para presentar las propuestas que la FEHR ha enviado a los grupos parlamentarios con el fin de encauzar la modificación de la ley antitabaco, en la línea que lo han hecho los 24 de los 27 países de la Unión Europea, en los que se permite habilitar 'zonas para fumar' en los establecimientos de hostelería.
Sus propuestas se centran fundamentalmente en que en dichas zonas, con una superficie máxima del 30% de la superficie del local, no se realizará servicio a los clientes por parte de los trabajadores y quedarán terminantemente prohibido el acceso a menores y piden que se conceda un plazo "razonable" para que los establecimientos puedan encontrar financiación necesaria para la inversión y para la ejecución de las obras.
El presidente de la FEHR afirmó que los hosteleros no entienden cómo no puede aprobarse su propuesta que soluciona, a su juicio, todos los problemas sanitarios que afectan a trabajadores, menores y fumadores pasivos y que está en la línea más dura de las que adoptan los 24 países de la UE.
"Nuestra explicación sería una obstinada cerrazón política, que se traduce directamente en un ataque a la hostelería, a nuestras familias y a las de nuestros trabajadores", resaltó.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, coincidió con Rubio y destacó la repercusión que las pérdidas de la hostelería causadas por la prohibición total tendrían en el conjunto de la economía, a la que el sector contribuye con el 7,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
"No hay que olvidar que los restaurantes, cafeterías y bares comercializan el 30% de la producción del sector de la agricultura y la pesca y que las pérdidas tendrán un impacto importante en la actividad de sus proveedores", dijo.
Según Terciado, la pérdida de actividad en el sector ha supuesto entre el 14% y el 20% en los últimos tres años, porcentaje al que habría que sumar un 10% con la prohibición total.
Las propuestas de Rubio fueron respaldadas también por la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos, la Asociación de Cadenas de Restauración y el sector del ocio nocturno.
