Ve una "barbaridad" que el empadronamiento sirva a los inmigrantes para recibir atención sanitaria por posible 'efecto llamada'
SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este jueves la constitucionalidad de los decretos de medidas de ajuste aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia sanitaria y educativa, al entender que el objetivo que persiguen es "garantizar la sostenibilidad" de los dos servicios, y ha criticado que, ante ellos, la Junta de Andalucía, que ha anunciado la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad contra ambas medidas, "haya cogido la bandera de la confrontación" en vez de "plantear alternativas de ahorro".
En rueda de prensa en Sevilla, Crespo ha justificado el Real Decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Gobierno en el "agujero de 16.000 millones de euros", que, según ha indicado, se encontró el Ejecutivo de Rajoy a su llegada a la Moncloa como deuda de la sanidad española.
En su opinión, esa realidad obliga a adoptar medidas de ajuste como las aprobadas para que "la sanidad siga siendo pública, universal y gratuita", y que "conllevarán un ahorro de 2.200 millones de euros".
Al hilo de ello, la delegada se ha referido a la situación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha calificado de "muy difícil", afirmación que ha justificado señalando que la Junta adeudaba "2.600 millones a los proveedores sanitarios".
Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que, en vez de oponerse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a ese conjunto de medidas, sea "responsable" y "se comprometa a garantizar la sostenibilidad del SAS y a solucionar su situación".
En esta línea, ha enumerado algunos de los "problemas" que, a su juicio, evidencian la "difícil" situación que atraviesa la sanidad andaluza, y que se traducen en "cierres de camas en hospitales durante el verano" o en "faltas de fármacos de primera necesidad, personal o material en algunos centros sanitarios" como, según ha explicado, se ha denunciado en la provincia de Sevilla.
En relación al recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno andaluz ha aprobado interponer ante el referido decreto de medidas de ajuste en sanidad, Crespo ha señalado que, si bien "desconoce los pormenores" del mismo, se ha mostrado convencida de que dicha normativa no contraviene a la Constitución ni vulnera preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En concreto, se ha referido al artículo 12 de dicha normativa, que ha sido uno de los esgrimidos por la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, para justificar la interposición del recurso, para señalar que, aunque éste establece que "los titulares de los derechos y deberes son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía", añade que ello debe "respetar las leyes fundamentales", categoría que, en su opinión, reúne la Ley de Extranjería, que ampararía, de esa forma, las medidas adoptadas en relación a la atención sanitaria para las personas inmigrantes.
"LOS INMIGRANTES NO QUEDAN FUERA DE LA SANIDAD"
No obstante, Crespo ha recalcado que "no es cierto que se vayan a dejar a los inmigrantes fuera de la Sanidad", ya que los inmigrantes irregulares "podrán acceder a través de las Urgencias, y se garantiza la atención al cien por cien de los menores, y el parto y el posparto".
Además, ha señalado que el Gobierno está impulsando "convenios" con las organizaciones no gubernamentales (ONG) para garantizar la atención sanitaria de este colectivo en otros casos "puntuales" no urgentes. Con esta decisión, según la delegada del Ejecutivo, "España se pone a la altura de los Estados de la Unión Europea".
En esta línea, la delegada del Gobierno ha tachado de "barbaridad" que, como propone la Junta, a los inmigrantes irregulares les sirva el certificado de empadronamiento para recibir atención sanitaria, ya que, en su opinión, ello puede generar "efecto llamada".
Además, ha negado que el decreto de ajustes invada competencias de la comunidad autónoma andaluza, puesto que, "a pesar de las transferencias de competencias a las autonomías", el Ejecutivo de España "tiene la potestad de regular cuestiones que, como la sanidad, repercuten en todo el Estado, siempre respetando las transferencias autonómicas".
Del mismo modo, Crespo ha asegurado que el decreto de ajustes sanitarios "no pone el copago farmacéutico, que ya estaba puesto, sino que lo modifica y reordena", y ha señalado que "el 83 por ciento de los pensionistas andaluces sólo tendrá que pagar ocho euros al mes por sus medicamentos".
También ha justificado la revisión del Nomenclátor de medicamentos que dejará fuera del catálogo de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud a un total de 426 medicinas, ya que, con ello entiende que no sólo se busca ahorrar, sino evitar que "algunos hogares se conviertan en almacenes de medicamentos". Asimismo, ha apostillado que "los enfermos crónicos y agudos no tendrán problema con la financiación de estos fármacos".
Se trata, según ha insistido, de "garantizar que la sanidad sea sostenible, universal, pública y gratuita". "Ya se sabe quién tiene una deuda de 2.600 millones, quién cierra camas y quién rebaja sueldos de funcionarios", ha apostillado en referencia al Gobierno andaluz para criticar que este miércoles "se opusiera a todo" lo propuesto en el Consejo Interterritorial de Salud. "No se puede estar en disconformidad con todo y decir 'no' a todo", ha remarcado Crespo.
"ALGO HABRÁ QUE PLANTEAR EN EDUCACIÓN"
Igualmente, la delegada del Gobierno ha pedido a la Junta que "plantee alternativas para el ahorro" en materia sanitaria y educativa, "y no se dedique a plantear recursos de inconstitucionalidad", como también ha anunciado que hará en relación a las medidas de ajuste impulsadas por el Ministerio de Educación en sus competencias, y que buscan también, en palabras de Crespo, "garantizar la sostenibilidad de sistema".
Además, ha explicado que algunas de esas medidas, como la subida de la ratio de alumnos, es una "recomendación" del Gobierno para que el ahorro sea "eficaz", pero que cada comunidad autónoma puede asumir o no. No obstante, ha aludido a la "última posición" que, según ha señalado, ocupa Andalucía en el informe PISA para considerar que "algo habrá que plantear" para mejorar esa situación.
Esa solución no pasa, en su opinión, por interponer recursos de inconstitucionalidad, a lo que, según ha señalado, también se dedicó la Junta de Andalucía durante los años de gobierno de José María Aznar, cuando el Gobierno autonómico "interpuso 20 recursos de inconstitucionalidad al Ejecutivo central", que luego "retiró cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa".
"LOS AJUSTES DE LA JUNTA NO LOS IMPONE EL GOBIERNO"
Por otro lado, Crespo se ha referido al plan de ajuste del Gobierno andaluz convalidado este miércoles por el Parlamento autonómico para defender que las medidas de ahorro concretas que en él se contemplan --entre ellas, la rebaja de sueldos de los empleados públicos-- "no vienen impuestas por el Gobierno español". "Nadie ha obligado a la Junta a adoptar esa fórmula", ha remarcado al respecto.
En este sentido, y aunque no se ha mostrado partidaria de juzgar decisiones que son "competencia de la Junta", la delegada del Gobierno considera que antes de adoptar ese tipo de ajustes "habría que estudiar las duplicidades administrativas, y la situación de los altos cargos y las empresas públicas" de la comunidad, aspectos en los que, en su opinión, "habría mucho que ver".
