Considera que existen "otras medidas" para ahorrar en sanidad "sin atentar contra los derechos de los profesionales y ciudadanos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación en Defensa da Sanidade Pública ha denunciado este sábado que la jubilación "forzosa" de los médicos a los 65 años es un expediente de regulación de empleo (ERE) "encubierto" para "eliminar personal sanitario", dado que la Xunta "anunció que solo repondrá el 10 por ciento de las plazas que queden vacantes".
Así lo ha dicho la plataforma en un comunicado en el que ha criticado las medidas que pretende aplicar la Administración gallega al personal sanitario público, como "reducir la jornada laboral de los interinos y personal temporal, la jubilación forzosa o llegar a los 65 años, la supresión de días de permiso y de las ayudas de acción social".
Ante estas cuestiones, la Asociación en Defensa da Sanidade Pública ha asegurado que la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años "obligará a jubilarse de manera forzosa a 1.900 médicos en los próximos cuatro años", mientras que "sólo se repondrán 200, lo que supondrá una pérdida neta de 1.700 facultativos".
Asimismo, ha recordado que la "falta de médicos que padece Galicia hizo que la "anterior conselleira presentase hace menos de seis meses en el Parlamento una propuesta, aprobada por unanimidad, para que los médicos pudiesen alargar voluntariamente la edad de su jubilación más allá de los 65 años".
"Lo único que cambió en este corto espacio de tiempo es el afán de recortar a la sanidad pública por el nuevo gobierno central", ha sostenido la Asociación en Defensa da Sanidade Pública.
OTRAS MEDIDAS
Además, ha calificado de "injusto" llevar a cabo una "rebaja del sueldo, de los días de descanso o las bajas laborales" del personal sanitario y ha vaticinado que estas decisiones "generarán un clima de malestar y desánimo en el colectivo incompatible con la mejora de la calidad de servicios".
Por último, la Asociación en Defensa da Sanidade Pública ha reiterado que "existen otras medidas para ahorrar en sanidad, como el gasto farmacéutico y el abuso tecnológico, antes que atentar contra los derechos de los profesionales y la asistencia de los ciudadanos".
