MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
En el mes de concienciación del cáncer colorrectal, EuropaColon recuerda que este cáncer es el más diagnosticado en España, con 121 nuevos casos diarios en 2020, y, al menos, seis de cada 10 muertes debidas podrían haberse evitado si se hubiera detectado en un control de cribado.
"Unas económicas, rápidas y precisas pruebas que la UE recomendaba hace más de una década como la mejor forma para combatir el cáncer de colon", advierten en una nota, donde recuerdan que la UE fija en el 65% de la población de riesgo (50-69 años) la tasa óptima de participación en este tipo de programas de salud pública.
"Un porcentaje que contrasta con el registro español, donde solo el 20% de este colectivo participa en esta clase de pruebas. Asimismo, solo en la UE se estima que hasta 80.000 vidas podrían salvarse al año si se aumentaran los diagnósticos en Estadio I de la enfermedad, pasando del actual 14% a un 50% sobre el total de los casos", añaden.
Un mayor cribado derivaría en un menos gasto, ya que el coste de un tratamiento metastásico de este cáncer no detectado a tiempo triplica el que supondría de diagnosticarse en un estadio inicial; pudiendo, incluso, alcanzar un coste medio por paciente de 150.000 euros una vez el cáncer ya ha entrado en fase de metástasis.
"El evidente ahorro que supondría para la sanidad pública la extensión de políticas sanitarias más enfocadas a la prevención -como es este tipo de pruebas- así como una mayor sensibilización que condujera a mayores cribados por parte de la población de riesgo, permitiría solo en España el ahorro de 5.459 millones de euros en los próximos 30 años", manifiestan.
Por otro lado, denuncian que se estima que la mortalidad en estadios avanzados se incrementará en los próximos años un 12% como consecuencia de los retrasos -que en algunos casos superan los 12 meses- en la detección de la enfermedad debido a la pandemia. Incluso, en otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, cálculos recientes elevan la mortalidad adicional debida a los retrasos en la suspensión de cribados entre un 15% y un 21% a lo largo de los próximos cinco años.
