VALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha presentado una queja ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) por las "dificultades" a las que se enfrentan los funcionarios de las cárceles para vacunarse contra la Gripe A, según informó la entidad en un comunicado.
El sindicato explicó que después de que el colectivo de trabajadores de IIPP fuera considerado como grupo de riesgo dentro de los servicios públicos esenciales en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), se entendió que era "necesario" garantizar una adecuada inmunización de los mismos.
A partir de ese momento, se estuvo buscando la fórmula más adecuada para suministrar la vacuna. En un primer momento se barajó la idea de que se llevara a cabo por la empresa que realizaba los reconocimientos médicos del personal penitenciario, pero se desechó porque en el contrato de adjudicación de estos reconocimientos no estaba incluida esta prestación y no había presupuestos suficiente para su ampliación.
Posteriormente, se pensó en que la vacuna se administrase en la Enfermería de los Centros Penitenciarios por los profesionales sanitarios de II.PP., aprovechando que en las prisiones iba a haber vacunas disponibles para inmunizar a aquellos internos que también hubieran sido considerados grupo de riesgo.
Esta manera de proceder suponía una mayor accesibilidad de los trabajadores penitenciarios a las vacunas, ya que les podían ser administradas en su propio centro de trabajo. Sin embargo, "aún no se sabe el por qué, la Administración Penitenciaria decidió que tampoco se hiciera de esa manera", criticó el sindicato.
Finalmente, la solución adoptada consiste en que los trabajadores de II.PP. tengan que ponerse en contacto con el Centro de Salud más próximo a su domicilio, identificarse como pertenecientes al colectivo de Instituciones, concertar una cita, acudir al centro, mostrar su identificación como trabajadores de prisiones, y ser vacunados.
El sindicato lamentó esta opción puesto que, de esta manera, se "choca" con las medidas de seguridad y autoprotección establecidas, ya que, al menos en dos momentos, es necesario identificarse como miembro de un colectivo amenazado por ETA, y facilitar datos claves como DNI o domicilio. "Este sistema es especialmente peligroso en determinadas zonas del Estado, como en el País Vasco, o en determinados barrios marginales de algunas ciudades", dijo.
Asimismo, advirtió de que se están planteando en algunas zonas, entre ellas en varios centros de salud de la Comunitat, problemas logísticos y burocráticos, ya que cuando, pese a los riesgos descritos, los funcionarios deciden seguir el procedimiento establecido, y se presentan en el Centro de Salud correspondiente, se les pide la tarjeta sanitaria individual (SIP) de la cual carecen, ya que la existente en el sistema de Seguridad Social de los funcionarios públicos es totalmente diferente de la del resto del sistema sanitario, "por lo que al final no son vacunados, con el riesgo que ello puede suponer".
El resultado final es que, "además de las dudas que ya crea de por sí la vacuna de la Gripe A", el que se tenga que poner en riesgo la seguridad personal y familiar, y las dificultades a la hora de acceder a dicha vacuna, "la mayoría de los trabajadores de II.PP. están optando por no vacunarse, con el riesgo que puede llegar a suponer de paralización del funcionamiento de los distintos centros penitenciarios".
