MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Organización Médica Colegial (OMC), junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) han avisado este jueves de que las cárceles españolas son una "isla sanitaria" donde se vulneran los derechos sanitarios de los presos.
Y es que, aunque la legislación establece que las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos de atención médico-sanitaria que el conjunto de la población, al igual que de prestaciones farmacéuticas, estas organizaciones han denunciado de que se están "constantemente vulnerando" ya que no reciben la misma asistencia y tienen "serias dificultades" para hacer a los tratamientos.
Además, tal y como refleja también el informe 'Sanidad en prisión: la salud robada entre cuatro muros', en los centros penitenciarios hay enfermedades que prácticamente están "erradicadas" en el exterior, como por ejemplo la tuberculosis, y los niveles de incidencia de otras enfermedades graves, como la hepatitis C o las patologías mentales, "multiplican varias veces" los niveles normales.
"Existe un incumplimiento absoluto de la ley porque no hay igualdad. Los presos están como una especie de 'isla sanitaria' porque no pueden continuar con los tratamientos que tenían antes de entrar, una vez dentro no pueden acceder a terapias como las de la hepatitis C y cuando son puestos en libertad tampoco pueden seguir recibiendo los tratamientos que se les han prescrito en la prisión", ha explicado el coordinador general de la APDHA, Valentín Aguilar Villuendas.
En este sentido, el experto ha criticado que los tratamientos de última generación contra la hepatitis C, enfermedad que afecta a unos 13.003 reclusos, no estén siendo administrados en "igualdad de condiciones" que a la población en libertad y ha criticado las "grandes trabas" que se están produciendo en el uso normalizado de estas terapias.
"Es una absoluta barbaridad y esto no puede seguir así. El tratamiento es tan caro que hace que Instituciones Penitenciarias se lo quiera cargar a las comunidades autónomas", ha recalcado. Estas declaraciones han sido corroboradas por la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC, Carmen Hoyos, quien ha lamentado que se esté priorizando el criterio económico en el tratamiento de la hepatitis C en la población reclusa, algo que "debe avergonzar a todos".
PIDEN CUMPLIR LA LEY DE COHESIÓN Y TRANSFERIR LAS COMPETENCIAS
Estas situaciones se derivan, entre otros asuntos, del hecho de que los médicos que trabajan en las cárceles dependen del Ministerio del Interior, lo que provoca que, al tratarse de administraciones y sistemas distintos, ni los médicos de las cárceles tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en prisión, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuentan con información del enfermo que ha estado privado de libertad durante un tiempo.
A todo ello se suma además el hecho de que las competencias no están transferidas a las comunidades autónomas, a pesar de que así lo establece la Ley de Cohesión y Calidad del SNS aprobada en 2003. "En esa normativa se dice que la sanidad penitenciaria se debe transferir a las comunidades autónomas porque tiene que haber una continuidad en la asistencia sanitaria de los presos, pero no se ha hecho nada, por lo que también se está produciendo un incumplimiento de la ley en este aspecto", ha aseverado Hoyos.
No obstante, Hoyos ha informado de que en diferentes comunidades autónomas (como Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura o Castilla y León) se están aprobando por unanimidad proposiciones no de ley para que se transfieran las competencias y, por ende, se cumpla la ley, aunque ha mostrado su preocupación por el hecho de que estas aprobaciones no estén teniendo una actuación administrativa.
SITUACIÓN LABORAL "PRECARIA" DE LOS MÉDICOS
"Es algo muy lamentable. Desde la Ley de Cohesión hasta ahora han habido muchas iniciativas parlamentarias aprobadas por unanimidad y todavía no ha pasado nada", ha enfatizado, para recordar que la única autonomía con las competencias transferidas es el País Vasco y, precisamente, es donde mejor trato sanitario reciben los reclusos y donde más se garantizan sus derechos.
Pero estas desigualdades respecto al exterior de las cárceles no sólo afectan a los presos sino que, también, a los propios médicos puesto que, según ha advertido la doctora Hoyos, tienen unas condiciones laborales "precarias" tanto a nivel económico como laboral y formativo.
"Somos una pequeña isla porque no contamos con representantes sindicales. Durante muchos años hemos estado cobrando un euro la hora de guardia y, aunque ahora hemos pasado a cobrar seis euros, nuestras condiciones no son las mismas que las de los médicos que trabajan en el SNS. De hecho, la administración no nos facilita medios formativos y nuestra labor diaria es súper dificultosa y conflictiva", ha zanjado.
