Desde la entrada en vigor de la actual ley, la Dirección General ha recibido 276 denuncias por incumplimientos de la normativa
SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director general de Salud Pública del Gobierno cántabro, Santiago Rodríguez, cree necesario "avanzar" en la restricción del tabaco en espacios públicos porque se ha demostrado como "una de las medidas más eficaces" para luchar contra el tabaquismo y sus consecuencias.
Pero al mismo tiempo, también considera "debatible" la búsqueda de "fórmulas" para "compensar" a aquellos hosteleros que invirtieron en la adecuación de sus locales ante la entrada en vigor hace cuatro años de la actual Ley Antitabaco, y se pueden encontrar ahora con una restricción total del consumo de tabaco en espacios públicos.
En una entrevista con Europa Press, Santiago Rodríguez recordó que el tabaco es la principal causa de mortalidad y enfermedad evitable en España y opinó que hay que tomar "todas las medidas posibles para disminuir" sus consecuencias.
A su juicio, si la sociedad española acepta "bien" la adopción de medidas legislativas "estrictas" para luchar por ejemplo contra los accidentes de tráfico, que dejan unos 3.000 fallecidos al año, también debería ocurrir lo mismo con el tabaco, que provoca más de 50.000 muertes anuales en el país (entre 600 y 700 en Cantabria).
Y para luchar contra el tabaquismo "una de las medidas más eficaces", según los científicos, es la restricción del consumo en ámbitos públicos, junto con la subida de los precios. Por tanto, conociendo la eficacia de la medida, Rodríguez cree que "hay que avanzar" en la restricción.
La ley todavía en vigor, que se aplica desde enero del año 2006, supuso ya algunas limitaciones al consumo de tabaco en espacios públicos pero, en palabras del director general, en este tiempo se ha demostrado que "no protege bien a todas las personas, con lo cual ha perdido un poco el objetivo final". Además, también se han constatado "complicaciones" en su aplicación, especialmente entre los hosteleros.
Lo que ocurre, en su opinión, es que al ir por delante del resto de países europeos al regular en este sentido hubo "más miedo" y esto frenó "un poco". Pero se mostró convencido de que si hubiera sido hoy, tras la experiencia de otros países, "nadie se plantearía" una ley como la de 2006, sino con la restricción total de fumar en espacios públicos, como en otros estados.
De hecho, recordó que la propuesta inicial que salió del Gobierno era en ese sentido, y fue durante el debate parlamentario donde se modificó para alcanzar el consenso. Según dijo, eso no quiere decir que se equivocara nadie, sino que se acordó la ley "que en aquel momento se consideró que debía haber".
CONSECUENCIAS PARA EL SECTOR HOSTELERO
Santiago Rodríguez también remitió a la experiencia de otros países para rebatir la contestación que está encontrando ahora en la hostelería el posible endurecimiento de la ley por sus consecuencias económicas para el sector.
En este sentido, destacó que "no hay evidencia" de que en esos países con restricción total de fumar en espacios públicos haya habido un "coste económico" para los empresarios e incluso, en algunos casos, han mejorado los resultados.
En cambio, sí que hay estudios que demuestran que el balance entre los ingresos que genera el tabaco y los gastos que supone para las economías, es "claramente negativo". "La ley no genera 'per sé' pérdidas económicas o de puestos de trabajo", apostilló el director general.
COMPENSACIONES
De todas maneras, reconoció la situación en que quedan algunos hosteleros que realizaron inversiones para adecuar sus locales, pero aclaró que fue un número "muy bajo" el que hizo ese tipo de inversiones, en torno al 1 por ciento, y de ellos, sólo "algunos pocos" invirtieron cantidades significativas.
En su opinión, "es debatible el buscar alguna fórmula de compensación" para esos empresarios, siempre y cuando esa medida no perjudique "la protección de la generalidad" y no suponga darles una prórroga para que en sus locales se pueda seguir fumando por más tiempo para amortizar las inversiones, porque "debe prevalecer la salud de las personas".
BALANCE DE CUATRO AÑOS DE LEY
Precisamente, el impacto en la salud es una de las principales consecuencias de la Ley Antitabaco en vigor, aunque ha transcurrido poco tiempo para tener indicadores sanitarios sobre la evolución de las afecciones relacionadas con el tabaquismo.
En cualquier caso, ya hay algunos estudios que indican que en España han disminuido los ingresos por infartos y que comprueban también cómo los trabajadores no fumadores aseguran sufrir ahora menos síntomas respiratorios.
También están los datos sobre prevalencia de fumadores y ventas de tabaco, aunque es difícil asociar los resultados exclusivamente a la ley.
En el caso del consumo, en Cantabria se ha recortado algo más de un punto el porcentaje de fumadores (se sitúa en el 34% según la última estadística, de 2007). Aunque reconoce que es un indicador en descenso desde el año 1975, Rodríguez cree que también la Ley Antitabaco habrá contribuido a ello.
En el caso de las ventas de tabaco, han caído un 11,39 por ciento desde el año 2000. El pasado 2009 se vendieron en Cantabria 53,5 millones de cajetillas, casi siete millones menos que en el año 2000, cuando las ventas fueron de 60,4 millones. Comparado con el año 2004, fecha en que se puso en marcha en Cantabria el Plan contra el tabaquismo, el descenso de las ventas ha sido del 10,54 por ciento.
SANCIONES
Uno de los estudios en los que ha participado la Dirección General de Salud Pública, para evaluar la presencia de nicotina en espacios donde está prohibido fumar ha constatado que en general se cumple la ley y no se fuma en dichos espacios, y que, en todo caso, donde se incumple, los niveles de nicotina han disminuido notablemente.
Pero pese a ese cumplimiento general, también hay casos en los que tienen que intervenir los inspectores. Se trata de una labor compartida por Salud Pública, que realiza inspecciones en establecimientos hosteleros (unas a raíz de denuncias y la mayor parte dentro de su plan de trabajo); y por la Inspección de Trabajo, competente para las inspecciones en centros de trabajo.
En el caso de Salud Pública, desde la entrada en vigor de la ley y hasta diciembre de 2009 se realizaron 2.242 inspecciones. En ese mismo tiempo se recibieron 276 denuncias, generalmente presentadas por clientes de los establecimientos, y hasta ahora se han formulado 147 propuestas de expediente sancionador.
