SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) - La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA) valoró las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de Consumo de la Consejería de Gobernación para localizar e incluir en la red de alerta calzado contaminado con dimetifumarato, pero consideró que el número de establecimientos visitados "pone de manifiesto el déficit existente en sus dotaciones inspectoras". En una nota, FACUA Andalucía lamentó asimismo que la Dirección General de Consumo "se niegue a mantener puntualmente informadas a las federaciones de consumidores sobre los productos que va incorporando a la red de alerta", fruto de lo que considera "una inaceptable falta de reconocimiento al papel que éstas desempeñan en el control y funcionamiento del mercado y el fomento de su transparencia". De esta forma, y teniendo en cuenta la gravedad del problema y el importante número de establecimientos dedicados a la venta de calzado existentes en los 771 municipios de la comunidad autónoma, Facua Andalucía consideró que el hecho de que entre diciembre y abril los inspectores de los Servicios de Consumo provinciales "sólo" hayan visitado 482 tiendas --tanto minoristas como mayoristas-- revela que "existen importantes carencias en el número de inspectores". Agregó que en más de cuatro meses, los establecimientos inspeccionados "sólo alcanzan una media de 60 por provincia y menos de 15 por mes en cada una". La Federación apuntó que no pone en duda que Consumo esté priorizando la localización del calzado contaminado, pero lamentó que las "carencias" en la cantidad de inspectores "no hayan sido contempladas en su medida este año en los Presupuestos Generales de la Comunidad, que ha reducido de forma ostensible las partidas dedicadas a la protección de los consumidores". Agregó que "tampoco existen planes de actuación coordinada, al nivel necesario, entre los inspectores de distintas consejerías de la Junta y también con los principales ayuntamientos, con lo que no se producen sinergias que podrían reducir esas carencias en el número de inspectores", lo cual implica "un incumplimiento de los objetivos marcados por la Junta en el Plan Estratégico de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía 2008-2011". La federación recordó que dicho Plan señala como uno de sus objetivos "garantizar la seguridad de los productos y servicios", con el compromiso de "dotar a la inspección de medios suficientes y adecuados adaptándolos continuamente a las necesidades del mercado" y de que las administraciones "llevarán a cabo actividades de control, inspección y sanción administrativa y se dotarán de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios y se coordinarán entre ellas para llevar a cabo estas actividades de manera más efectiva".
