Asegura que falsificaron su firma en abortos aunque pidió expresamente que no la usaran
BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un anestesista que trabajó en las clínicas del doctor Carlos Morín, acusado de practicar abortos ilegales, admite que estos centros médicos tenían todas las credenciales necesarias para practicar interrupciones del embarazo de forma legal pero que "a espaldas, en la nocturnidad, por detrás, alguien un día parece ser que cambia las reglas del juego y parece ser que cometen irregularidades", sin advertir a parte del equipo médico.
El acusado Agustín C. ha relatado que empezó a trabajar en una clínica donde todo parecía y era legal, con las credenciales oportunas y cirujanos especialistas en ginecología, anestesiólogos, enfermeras y una farmacéutica acreditados: "Estaba todo lo que podía hacer que todas las intervenciones fueran estrictamente legales".
En su declaración en el juicio que ha proseguido este martes, ha reflexionado: "Qué es lo que ha pasado, no lo sé, pero a espaldas, en la nocturnidad, por detrás, alguien un día parece ser que cambia las reglas del juego, sin advertirnos a ninguno de nosotros. Parece ser que cometen irregularidades. Nadie me dijo que iban a cometer una irregularidad".
El anestesista, para quien piden 170 años por 55 abortos ilegales, ha asegurado que falsificaron su firma escaneándola para que apareciera en la documentación de algunas interrupciones de embarazo en las que no participó.
En su declaración, ha considerado que se ha urdido un "montaje" en estas intervenciones en las que aparece su firma escaneada, ya que a partir de una firma verdadera se hicieron copias para incluirla en otros casos.
Agustín C. ha indicado que en algunos de los abortos que le adjudican no pudo intervenir porque estaba de vacaciones, y ha recalcado que siempre dijo expresamente que no pusieran su firma ni su sello en las intervenciones en que él no actuaba porque no se iba a responsabilizar de ellas.
El médico anestesista ha justificado que todos los abortos en los que intervino "eran absolutamente legales" y ha puntualizado que en algunos casos catalogados de 15 semanas --más allá del plazo que fija la ley-- en realidad eran de 14.
"CONFIANZA ABSOLUTA" EN EL EQUIPO
Ha resaltado que tenía "confianza absoluta" en el equipo de cirujanos, y por ello presuponía que, si le pedían que interviniera, era porque el paciente tenía todos los permisos necesarios, aunque ha concretado que además comprobaba él mismo que todo era correcto.
Ha detallado un caso en el que dio su firma pese a no participar en la anestesia de la operación porque él había hecho la evaluación clínica de la paciente, que padecía una miopatía, y "en otras clínicas no le hubieran hecho el aborto por riesgo", pero como médico consideró que sí se le podía practicar.
Agustín C. ha negado que a partir de 2007 trabajara en la clínica Ginemedex y ha asegurado que solo lo hacía en la otra clínica de Morín, T.C.B., si bien ha indicado que en casos muy puntuales podía hacer alguna sustitución.
Sobre un documento que se le ha exhibido con su nombre vinculado a Ginemedex en esa fecha, ha sentenciado: "Yo no lo he hecho y es la primera vez que veo este documento".
El doctor Carlos Morín, principal acusado del caso, se enfrenta a una pena de hasta 309 años de cárcel por haber practicado más de un centenar de abortos irregulares en sus clínicas.
Según la calificación fiscal, el médico peruano y sus colaboradores realizaron abortos a embarazadas de más de 22 semanas acogiéndose al supuesto de la ley anterior, que permitía practicarlos sin límite de tiempo cuando suponía un grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer.
