Lamenta que el PP "reconozca a las personas derechos de 'boquilla' y luego se les pongan todo tipo de trabas para poder ejercerlos"
SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha confiado en que el resto de comunidades autónomas no sigan "el mal ejemplo" que, a su juicio, supone el anuncio del Gobierno balear, que ha decidido retirar de los Presupuestos de 2012 las subvenciones a dichas clínicas abortistas, en las que hasta ahora se realizaba una gran parte de estas intervenciones, manera voluntaria el embarazado, tal y como marca la legislación, además de que tampoco ha concretado la manera en que se garantizará dicho derecho en el territorio balear.
Montero, que ha inaugurado este miércoles en Sevilla unas jornadas de salud pública, ha advertido igualmente que legalmente "no es posible" que una comunidad autónoma "no permita o no de facilidades para que un derecho básico que asiste a las mujeres en España por ley no se desarrolle en un ambito territorial".
Así, ha recordado que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se incorporaorn a la cartera básica de servicios del SNS, un derecho que se oferta "bien sea a través de hospitales públicos o financiada y desarrollada en centros privados".
"Una CCAA no puede elegir qué tipo de servicos básicos ofrecen y cuáles no", ha enfatizado a Europa Press Montero, quien ha avisado que, de prosperar el caso balear, "probablemente lo haga al margen de la ley y tengan sus incovenientes legales".
Preguntada por la posibilidad de que otras comunidades gobernadas por el PP pudiese seguin la senda de Baleares, la tritular de Salud ha retado al PP nacional a que "planteee en el Congreso de los Diputados una modificación de la norma, si no considera que se tengan que desarrollar esa prestación básica".
"Lo que no se puede hacer es que, de 'boquilla', a las personas se les reconozcan derechos y luego se les pongan todo tipo de trabas para poder ejercerlos", ha reprochado Montero, quien, pese a todo ello, ha confiado en que "no cunda el pánico" y que, llegado el caso, "desde el Gobierno de España se tomen medidas que garanticen que las personas puedan ejercer sus derechos".
