Archivo - Dos mujeres en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Informe Monográfico 2025 del Observatori de Drets Sexuals i Reproductius ha detectado un "cuestionamiento de la autonomía" y una deslegitimización del relato de las mujeres tras recibir un diagnóstico de salud mental, así como una alta prevalencia de violencias sexuales agravada por esta falta de credibilidad.
El trabajo, presentado este miércoles en Barcelona, pone el foco en las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diagnóstico de salud mental y de las mujeres que usan drogas en Catalunya, informa la Associació pels Drets Sexuals i Reproductius en un comunicado.
Entre otros, concluye que las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de dichas mujeres no son hechos aislados, sino que responden a "patrones estructurales vinculados al estigma, el control institucional y las violencias patriarcales".
METODOLOGÍA
La elaboración del informe se ha basado en una metodología cualitativa diseñada para recoger y analizar, de forma situada, las experiencias, percepciones y conocimientos vinculados a la vulneración de dichos derechos.
El enfoque cualitativo permite aproximarse "a la complejidad de las trayectorias vitales de estos colectivos" e identificar las formas específicas de violencia institucional que les afectan.
En el desarrollo del estudio han colaborado la Fundación Salut Mental Catalunya (SMC), la Federación Veus, la Cooperativa Metzineres y el Grupo de Mujeres del Servicio de Mujeres del Servicio de Rehabilitación Comunitaria de El Prat-Red de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
CONCLUSIONES
El trabajo concluye que el cuestionamiento constante de la autonomía personal es un elemento "central" del patrón de vulneración de derechos, ya que el diagnóstico, el consumo de sustancias o la precariedad vital activan prácticas de infantilización, tutela y sustitución de la voluntad, que pueden llegar a la retirada de custodia o la coerción reproductiva, textualmente.
Otra dimensión fundamental es la presencia recurrente de violencias sexuales en espacios como las relaciones de pareja, espacio público, entornos laborales y hasta en contextos sanitarios, agravadas por la "sospecha permanente" sobre la veracidad del testimonio de las mujeres.
Parelalamente, se identifican "prácticas institucionales vulneradoras" como la falta de información sanitaria, la ausencia de consentimiento informado, la violencia obstétrica y ginecológica y distintas formas de presión y coerción en el ámbito reproductivo.
"ESTIGMA ESTRUCTURAL"
Las causas identificadas apuntan a la existencia de un "estigma estructural", a una falta de mecanismos de denuncia, la dificultad de identificar las vulneraciones en el momento en el que ocurren y a la ausencia de corresponsabilidad masculina.
Asimismo, el trabajo señala "la invisibilización de la agencia y del deseo de las mujeres", de forma que se les priva de ser reconocidas como sujetos de derechos capaces de desear, decidir y proyectar su vida.
En el contexto del consumo de drogas, la reducción de daños es un "enfoque imprescindible", especialmente en la intersección entre drogas y género, centrándose en el respeto a la autonomía y en la adaptación de los servicios a las condiciones reales de vida de las mujeres.
RECOMENDACIONES
El informe insta a incorporar la perspectiva de género, interseccionalidad y reducción de daños; a asegurar que todas las mujeres reciban información "clara, accesible y comprensible", y que el consentimiento informado sea una práctica garantizada, y pide una formación obligatoria del personal sanitario en la materia.
Defiende reforzar la disponibilidad de servicios que ofrezcan acompañamiento continuado en el ámbito social y sanitario, así como general espacios "seguros, no coercitivos y accesibles" para que las mujeres puedan hablar de su sexualidad, su deseo y de las vulneraciones vividas.
Asimismo, recomienda crear mecanismos reales y accesibles de denuncia y reparación; asegurar el acceso efectivos a servicios de salud sexual y reproductiva; mejorar la coordinación entre los sistemas de salud mental, drogas, servicios sociales y justicia; revisar las condiciones laborales y la carga de trabajo de los equipos profesionales, y promover políticas públicas "valientes" que aborden la raíz estructural de las vulneraciones.
