MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La líder de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado en la Cámara baja una batería de preguntas en las que cuestiona al Ejecutivo por qué no mantuvo las prestaciones sanitarias a los menores tutelados en régimen de acogimiento familiar, así como qué previsión de ahorro tiene con esta medida y si piensa modificarla.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la 'formación magenta' detalla que, con la entrada en vigor del decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado mes de abril se deja de cubrir por parte de las Administraciones públicas la atención sanitaria a ciertos colectivos poblacionales, como inmigrantes indocumentados mayores de 18 años.
A su juicio, la aprobación de este decreto ley supone también una nueva dirección en cuanto a la regulación del gasto farmacéutico, introduciendo el "copago" o "repago", para disminuir el gasto público en esta partida presupuestaria.
Según avisa, dicho decreto ha sido instaurado bajo criterios económicos, a la vez que ha creado un debate sobre una de sus consecuencias: los inmigrantes ilegales que sean seropositivos dejarán de recibir tratamiento por parte de los servicios sanitarios de manera gratuita.
UN ERROR QUE AUMENTARÁ EL GASTO PÚBLICO
En su opinión, se trata de un error que aumentará el gasto público a medio plazo, por las múltiples consecuencias que puede tener sobre la salud de estos primeramente, así como por el impacto que pueda tener en la salud pública.
Sin embargo, advierte de otra consecuencia: los menores tutelados en régimen de acogida familiar también se han visto afectados por la aplicación del decreto ley. Anteriormente a su entrada en vigor, indica que este colectivo figuraba en un régimen de afiliación a la Seguridad Social que les permitía obtener los fármacos de manera gratuita.
Sin embargo, a partir del 1 de septiembre, señala que los menores en régimen de acogida pasan a figurar en situación de activo en la Seguridad Social, por lo que deben financiar casi la mitad coste de las medicinas necesarias para los tratamientos que necesiten.
Es más, puntualiza que, a excepción de que posean una situación certificada de dependencia con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
Por ello, denuncia que una "parte importante" de estos menores se encuentra en situación de tutela por conflictos de pareja de los progenitores, abandono u otras situaciones de alta complejidad derivadas de situación conflictivas por la convivencia en sus familias de origen, a lo que se añade que muchos de ellos no gozan de un estado de salud óptimo para la edad que poseen por lo que necesitan numerosos tratamientos para poder desarrollarse física, psíquica y socialmente sin problemas.
