Ve "necesario" crear una regulación específica que fije un "estándar" que rija "las prácticas del bien morir"
SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se ha mostrado este lunes partidario de mantener la eutanasia activa en el Código Penal y valorar, en cada caso, si existen "requisitos legales" que la justifiquen.
Durante su participación en el 'IV Encuentro Interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor' que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, el magistrado ha opinado que, manteniéndola en el Código Penal, se evita "encubrir" homicidios bajo este supuesto o dar por hecho que un consentimiento de un paciente terminal es, en todos los casos, "libre, autónomo y responsable" cuando, a su juicio, no siempre lo es.
Gómez Bermúdez, que, sin embargo, ha defendido el derecho a una muerte digna, ha considerado que "es mejor" no sacar la eutanasia activa del Código Penal y estudiar durante el proceso judicial "si se dan los requisitos legales" para considerarlo como una "causa de justificación".
Según ha recordado, la eutanasia activa en España se castiga como un delito, aunque "atenuado" y entendido como un "auxilio al suicidio" por lo que se castiga con una pena "muy inferior a la del homicidio intencional".
"Eso creo que quiere decir algo. Quiere decir que es diferente esa situación a la situación general que se produce cuando se priva de la vida a otra persona que no ha prestado naturalmente su consentimiento", ha dicho.
Sin embargo, ha opinado que es "muy difícil" comprobar si el consentimiento que un enfermo terminal da a otra persona para que le ayude a morir es "libre, autónomo y responsable".
Según ha explicado a los cincuenta asistentes al curso, este tipo de enfermos suele pasar "de la desesperanza del dolor, de la desesperanza del sufrimiento, de la desesperanza de ver que la vida se acaba a la esperanza de vivir un día más".
A su juicio, estas "mutaciones continuas del ánimo propio del enfermo terminal" generan una "eterna duda", que es si el enfermo habrá cambiado de opinión en algún momento.
Ante la "frecuencia" con la que, según el magistrado, se producen este tipo de "situaciones extremas" en los hospitales --sobre todo con motivo de los avances de la medicina intensiva y de la prolongación casi indefinida de la vida--, ha considerado "necesario" una regulación específica que establezca un "estándar por el que se tienen que regir las prácticas del bien morir".
Según ha dicho, esto consiste en trasladar "lo que se hace todos los días en los hospitales a una norma que estandarice comportamientos" y "ponga en cubierto al personal medico y sanitario de las consecuencias que puede tener un acto de buena voluntad" y que, puede derivar, incluso, en un delito.
LEY DE MUERTE DIGNA
Cuestionado sobre el proyecto de la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como ley de Muerte Digna, aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros, Gómez Bermúdez considera que la "seguridad jurídica" de los médicos, sanitarios y farmacéuticos "impone caminar" hacia unas "leyes claras".
"Todo lo que sea establecer estándares de comportamiento, me parece que es adecuado", ha señalado el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si bien ha aclarado que "no es un experto sanitario" para afirmar que la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna "no tiene ningún reparo".
"EXCESIVA EXPANSIÓN PUNITIVA"
Por otra parte, Gómez Bermúdez, que ha sido el encargado de abrir las conferencias incluidas en este encuentro, ha advertido que se está atravesando un "momento de expansión punitiva", a su juicio, "excesiva" y que, en su aplicación en el ámbito sanitario, puede dar lugar en determinados casos a una "medicina defensiva".
A preguntas de los periodistas antes del inicio de su conferencia 'La tutela penal de la salud', el juez ha señalado que esto es una "consecuencia" de la sociedad en la que vivimos, que es "de riesgos" pero donde "nadie" quiere asumirlos y en la que "prácticamente" los accidentes "no existen".
"Siempre tiene que haBer alguien responsable de lo que me ha ocurrido", ha dicho el magistrado.
A su juicio, este es el argumento que justifica la expansión, a su juicio, "excesiva" de la punición y dek castigo de determinadas conductas.
Sin embargo, ha aclarado que las querellas y causas penales por imprudencia médica y delitos relacionados con la salud individual son "muy escasas".
Durante su conferencia, se ha referido a aquellos supuestos que, en el ámbito de la salud, entrarían dentro de la tutela legal, como son, según ha dicho, la imprudencia o negligencia médica con "daño relevante" para el paciente y los delitos intencionados.
LA PRUEBA
También se ha referido al problema de la prueba que, a su juicio, debe de ser aportada por el que acusa y en ningún caso por el médico o profesional acusado.
"Compete en todos los casos y sin excepción alguna al que acusa", ha añadido Gómez Bermúdez, quien ha explicado que el médico acusado "no tiene que hacer nada" ya que está amparado por la presunción de inocencia.
En este sentido, ha considerado un "dislate" que cada vez haya "más voces" que piden que sea el médico el que pruebe que actuó con toda la diligencia, algo que, a su juicio, es "muy difícil".
Sin embargo, ha añadido que "en los casos de negligencia que se están viendo ahora" son "muy notorios" y no se necesita "ninguna pericia".
En aquellos casos en los que exista prueba pericial, que sin embargo "no vincula" al juez ni al tribunal, el magistrado se ha mostrado a favor de la "confrontación de los peritos" para "aportar luz".
A su juicio, hay que poner "coto" a que, en un juicio, pasen primero los peritos de la acusación y luego los de la defensa.
Según ha dicho Gómez Bermúdez, presidente del tribunal del 11-M, en ese juicio se vio esto "claramente", cuando llegó a haber en la sala hasta once peritos.
