Archivo - Hombre en la consulta del médico. - SEB_RA/ISTOCK - Archivo
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los presos condenados por delitos violentos graves mostraron ser menos agresivos y menos propensos a reincidir tras una intervención en salud mental, lo que podría ahorrar dinero y reducir el daño a la sociedad, según una nueva investigación dirigida por el King's College de Londres, Reino Unido.
La investigación, financiada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) y publicada en ‘PLOS One’, proporciona la primera evidencia única y de alta calidad sobre la rentabilidad de la Terapia Basada en la Mentalización (TBM) y la libertad condicional en hombres condenados por delitos violentos que padecen trastorno de personalidad antisocial (TPA).
El ensayo controlado aleatorizado se llevó a cabo en prisiones y servicios de libertad condicional del Reino Unido e incluyó a más de 300 reclusos. Estos fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: uno recibió la intervención de salud mental junto con el apoyo de la libertad condicional, y el otro recibió únicamente el apoyo de la libertad condicional.
Los investigadores evaluaron los resultados del ensayo 24 meses después de que los participantes fueran asignados a cada grupo. Analizaron los costos económicos para la sociedad, incluyendo los costos para la atención médica y el sistema de justicia penal, así como el impacto general de la delincuencia.
Descubrieron que el grupo que recibió la intervención de salud mental y libertad condicional presentó costos reducidos y menor agresividad, lo que podría generar un ahorro potencial de aproximadamente 93 libras esterlinas por persona en comparación con el servicio de libertad condicional actual.
El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón persistente de conductas que incluye agresión crónica, imprudencia, irritabilidad, engaño, irresponsabilidad y una marcada falta de remordimiento. Si bien su prevalencia en la población general es relativamente baja, puede alcanzar hasta el 50% entre los hombres condenados por delitos violentos, donde se asocia con delitos más graves y persistentes.
El trastorno de personalidad antisocial (TPA) supone una carga económica considerable para los servicios de salud y justicia penal y, lo que es más importante, contribuye a graves daños y consecuencias duraderas para las víctimas, a la vez que complica la gestión de los delincuentes tanto en prisión como en la comunidad.
A pesar de ello, la evidencia sobre la rentabilidad de las intervenciones farmacológicas o psicológicas sigue siendo extremadamente limitada, lo que restringe los esfuerzos para proporcionar soluciones y recursos eficaces.
La profesora Barbara Barrett, catedrática de Economía de la Salud en el King's College de Londres y autora principal, resume: “La importancia de las soluciones basadas en la evidencia es especialmente crucial dada la alta tasa de reincidencia entre las personas con trastorno de personalidad antisocial. Esta intervención ofrece un potencial significativo para el ahorro de costes a largo plazo en los sistemas de salud y justicia penal”.
El equipo de investigación llevó a cabo el estudio mediante entrevistas estructuradas y un cuestionario autoadministrado que registraba el uso de servicios de alojamiento, educación, empleo y formación. Profesionales clínicos y personas con experiencia directa en servicios penitenciarios y de libertad condicional colaboraron en la elaboración de las preguntas de investigación para garantizar su pertinencia y solidez.
El coste medio de la terapia basada en la mentalización (826,30 libras esterlinas o 969,63 euros por participante) es comparable al de otras intervenciones psicológicas comunitarias, y este gasto se compensó con ahorros en otros ámbitos, en particular en la reducción del tiempo de detención y la disminución de los costes relacionados con los delitos.
Sin embargo, debido a las complejas dificultades que implica el seguimiento de esta población durante dos años, se observó una disminución en la cantidad de datos recopilados para el estudio a los 12 o 24 meses. A pesar de la falta de datos, los investigadores hallaron resultados consistentes en su análisis y concluyeron que la intervención en salud mental, junto con el apoyo del servicio de libertad condicional, constituye una intervención prometedora y rentable para esta población.
La doctora Elizabeth Simes, de la UCL y segunda autora del estudio, resume: “Este estudio es el primer ensayo controlado aleatorizado multicéntrico realizado dentro del Servicio Nacional de Libertad Condicional de Inglaterra y Gales, y se ve reforzado por la participación de un equipo de investigación híbrido compuesto por investigadores con y sin experiencia vivida. El estudio demuestra que una intervención psicológica puede mejorar los resultados y es rentable para una población que tradicionalmente se ha considerado difícil de tratar”.
