MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha suspendido las declaraciones de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
En la providencia, fechada a 30 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez procede a suspender estas declaraciones debido a que no tiene toda la documentación que se ha requerido al respecto. "No consta en autos toda la documentación requerida por auto de fecha de 20 de junio pasado", reza el texto.
El Juzgado de Instrucción número 4 iba a comenzar este viernes, 13 de septiembre, con Flores la ronda de declaraciones señaladas el pasado junio tras admitir a trámite una querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes.
Tras ella, iba a comparecer el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa. Todas estas declaraciones también han quedado suspendidas.
El juez toma esta decisión "a la vista de la solicitud formulada" por parte de la letrada de la Comunidad de Madrid sobre la suspensión de los interrogatorios y después de recibir un informe del Ministerio Fiscal del pasado 10 de julio. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han indicado a Europa Press que durante esta semana, el juez recibirá toda la información solicitada.
En el procedimiento se investiga la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.
