MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
B+Safe, filial española del Grupo Butler Safe Technologies (BST) especializada en desfibriladores, lamenta que actualmente sólo cuatro comunidades autónomas ha desarrollado una normativa específica sobre cardioprotección que regule la instalación de estos dispositivos en lugares públicos.
Así, critican que de momento sólo País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias han establecido la obligatoriedad de instalarlos en lugares públicos, lo que favorece que en España el índice de supervivencia tras un paro cardiaco sea del 4 por ciento, frente al 50 por ciento en Estados Unidos.
En 2009 el Gobierno sentó las bases para la regulación de la presencia de estos dispositivos en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo que establece las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de estos equipos fuera del ámbito sanitario.
La normativa pone en valor la importancia de la protección de la salud y cómo los desfibriladores pueden ayudar a salvar vidas en casos de paradas cardiorrespiratorias causadas en un 85 por ciento de los casos por la fibrilación ventricular, según avalan organismos médicos internacionales.
Sin embargo, deja en manos de las comunidades el establecimiento de los requisitos para su uso, la promoción y la recomendación de su instalación, de acuerdo con las indicaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares que registren gran afluencia de personas como centros comerciales, aeropuertos o estaciones de viajeros.
"La realidad es que trece comunidad carecen de normativa propia al respecto. Resultan especialmente llamativos los casos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra tienen dicha legislación en borrador o pendiente de aprobar", ha destacado Nuño Azcona, director general de B+Safe.
