MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Actualmente hay en España unos 3,8 millones de personas con discapacidad, de las cuales se estima que sólo un 12 por ciento quedarían exentas del copago de ortoprotésicos que prevé aprobar el Gobierno la próxima semana, pese a ser un colectivo más susceptible de necesitar este tipo de productos.
El Real Decreto que presentó el Ministerio de Sanidad el pasado mes de noviembre para regular la futura aportación del usuario que necesite un producto ortoprotésico, en el ámbito ambulatorio, tales como sillas de ruedas, prótesis externas o audífonos, establecía algunas excepciones en las que no habría que copagar.
De este modo, no tendrán que pagar nada los afectados por síndrome tóxico, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.
Sobre estos últimos, fuentes del sector de la discapacidad han explicado a Europa Press que englobarían a aquellas personas discapacitadas que reciben las ayudas que establece la Ley de Integración Social de Minusválidos, la llamada LISMI, de las que se beneficiarían unos 32.000 ciudadanos, además de quienes reciben ayudas contempladas en otras normativas específicas, algunas autonómicas, que no es posible compatibilizar.
Junto a estos, también quedarían exentas otras 454.000 personas con discapacidad física, sensorial o de otro tipo que reciben una pensión no contributiva o una renta de integración social.
Esto daría un total de unos 486.000 discapacitados exentos de pago en caso de necesitar productos ortoprotésicos. No obstante, aún quedaría un porcentaje muy elevado de este colectivo --más de 3 millones, según las mismas fuentes-- que sí tendrían que hacer frente a una parte del importe de estos productos.
En estos casos, y según el borrador de la orden ministerial que será debatida la próxima semana con las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del SNS, se pagará un 10, 40, 50 ó 60 por ciento del importe de la prestación, con topes de 20 ó 40 euros en función de la renta del usuario.
