Alerta de que el recurso de inconstitucionalidad causa un riesgo "general" en la sociedad
BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha urgido al Parlament a emprender los mecanismos legales necesarios para hacer efectivo el derecho a la atención sanitaria universal y ha alertado de que la suspensión de la ley catalana que lo recogía puede "poner en riesgo de forma general el ámbito de la salud", con un efecto directo sobre toda la sociedad catalana.
En rueda de prensa este jueves en la Cámara catalana, ha advertido de que el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la norma catalana puede provocar consecuencias no queridas de gran alcance, además de carecer de base económica para justificar la exclusión de las personas en situación irregular.
"Creemos que se pueden causar graves perjuicios individuales a la salud de las personas" que pueden impactar en toda la sociedad, aumentando la vulnerabilidad, además de crear una gran confusión entre los profesionales y usuarios del sistema de salud, ante lo que ha explicado que ha recibido cerca de una treintena de quejas contra situaciones de exclusión.
Ha considerado que muchos aspectos promovidos por instrucciones del Servei Català de la Salut (CatSalut) contra el real decreto estatal que excluyó a estas personas podrían recuperarse en forma legislativa, y ha pedido al Parlament "una implicación decidida" que aborde este asunto en comisiones, mociones y mandatos políticos.
UN ESTIGMA FALSO
El síndic ha entregado al Parlament, el Defensor del Pueblo y el Gobierno central el 'Informe sobre la universalización de la asistencia sanitaria', en el que recoge que no existen razones económicas para excluir del sistema público a las personas en situación irregular y que no sirve para luchar contra el turismo sanitario.
Actualmente hay un total de 114.573 personas extranjeras empadronadas en Catalunya que no están acreditadas como aseguradas ni beneficiarias, y que no se encuentran entre los supuestos de situaciones especiales que regula la norma estatal, por lo que queda sin cobertura el 1,53% de los residentes en la comunidad autónoma.
Ha llamado a luchar contra ciertas creencias erróneas de que estas personas generan un gasto muy alto: "Las cifras demuestran que el estigma es radicalmente falso", porque son personas sanas --de entre 20 y 50 años-- que utilizan los servicios sanitarios un 50% menos que el conjunto de la población, y generan la mitad de gasto per cápita que el resto.
"UN RETORNO AL FRANQUISMO"
Ha recordado que tras legislaciones estatales y catalanas que garantizaban este derecho, en 2012 un real decreto de la ministra de Sanidad Ana Mato modificó todo el panorama y reintrodujo el requisito de ser asegurado por la Seguridad Social para recibir esta cobertura: "Se podría decir, sin eufemismos, que es como un retorno al Franquismo".
Ribó ha recordado que hay numerosas normas europeas que defienden el derecho universal a la salud, y que el Comité europeo de Derechos Sociales consideró que la norma del Gobierno central "infringe la legislación europea de derechos humanos", y ha considerado clave garantizar la universalidad sanitaria, tanto en lo económico como en lo social.
Ante esta situación, varias comunidades autónomas trataron de revertir su efecto con leyes y acciones, entre las que ha valorado como "muy acertadas" las políticas y norma catalanas --incluyendo las instrucciones del CatSalut y un convenio con la Cruz Roja--, pero el Gobierno central ha presentado recursos de inconstitucionalidad ante cinco leyes, ha lamentado.
DERECHO SUBJETIVO NO CONTRIBUTIVO
El síndic ha defendido la necesidad de luchar contra el turismo sanitario fraudulento, pero ha remarcado que no se soluciona con la ley y el recurso estatales, y ha pedido el reconocimiento de la atención a la salud como "un derecho público subjetivo, personal, no contributivo y de acceso equitativo", que hay que cuidar especialmente en menores.
Entre las quejas recibidas, ha destacado las de plataformas en defensa de los derechos humanos que han alertado de trabas para menores de edad, sobre todo relacionadas con dificultades administrativas, como el empadronamiento, y que repercuten en su acceso a la salud.
