Imagen de archivo del terremoto sucedido en Venezuela. - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa
MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha advertido de que la emergencia sanitaria en Venezuela llega en uno de los momentos de mayor presión de su historia reciente, con más necesidades, más crisis simultáneas y menos recursos disponibles para atenderlas.
A través de un comunicado, la sociedad científica ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, cuyas consecuencias humanas, sanitarias y sociales continúan agravándose.
En este contexto, SESPAS recuerda que miles de personas han perdido la vida y decenas de miles permanecen desaparecidas, heridas o desplazadas. Además, numerosos hospitales, cuya capacidad asistencial ya se encontraba debilitada antes de la catástrofe, han resultado gravemente dañados, mientras amplias zonas del país han visto interrumpido el acceso a agua potable, electricidad y saneamiento.
Para SESPAS, esta emergencia no puede desligarse del contexto internacional en el que se produce. Según datos de Naciones Unidas y la OCDE, ha habido una fuerte contracción de financiación humanitaria desde 2022. En 2025, los totales de financiación se situaron aproximadamente un 40 por ciento por debajo de los niveles de 2022, incluso cuando la necesidad humanitaria general se mantuvo en gran medida constante.
La sociedad científica recuerda, además, que esta situación se ha visto agravada por la drástica disminución de la financiación destinada a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tradicionalmente una de las mayores financiadoras de programas humanitarios y de cooperación internacional, que ha caído desde 2022 de unos 14.000 millones de dólares a 3.700 millones.
SESPAS también considera preocupante la limitada implicación humanitaria de algunas grandes potencias económicas, como China, cuya aportación internacional continúa siendo reducida en relación con su peso económico y geopolítico. "La responsabilidad de proteger a las poblaciones más vulnerables no puede recaer de forma reiterada sobre un grupo limitado de países, sino que debe ser asumida por todas las grandes potencias de acuerdo con su capacidad económica y su influencia global", afirman desde SESPAS.
Según indica, esta reducción sostenida de los recursos destinados a la ayuda internacional se traduce en la cancelación o disminución de intervenciones esenciales de salud pública: campañas de vacunación, actuaciones de nutrición infantil, tratamientos para enfermedades infecciosas y crónicas, vigilancia epidemiológica, acceso a agua potable y saneamiento, y capacidad de respuesta frente a nuevas emergencias.
"LAS GRANDES CATÁSTROFES PERDURAN EN EL TIEMPO"
Desde una perspectiva de salud pública, SESPAS insiste en que las grandes catástrofes no terminan cuando cesan los temblores o concluyen las labores de rescate. Así, apunta que, a partir de ese momento, comienza una segunda emergencia, marcada por el riesgo de enfermedades transmisibles, la falta de agua potable y saneamiento, el deterioro de la salud mental, la interrupción de tratamientos crónicos, la desnutrición y el colapso de los servicios sanitarios.
"Las primeras horas salvan vidas, pero las semanas posteriores determinan la supervivencia de comunidades enteras", afirman en el comunicado.
Finalmente, SESPAS pone en valor la respuesta internacional y la labor de las organizaciones humanitarias, profesionales y personas voluntarias que trabajan en condiciones extremas para atender a la población afectada.
La sociedad científica recuerda, además, que la protección de la población afectada por las crisis humanitarias tiene también un elevado coste humano para quienes prestan ayuda, y que el incremento sin precedentes del número de trabajadores humanitarios fallecidos en los últimos años exige un mayor compromiso de la comunidad internacional con su protección y apoyo.
Por todo ello, SESPAS hace un llamamiento a gobiernos, instituciones, organizaciones financiadoras y a la sociedad en su conjunto para que sitúen nuevamente la acción humanitaria entre las prioridades internacionales, garantizando una financiación suficiente, estable, previsible e independiente.
"Defender la acción humanitaria no es una cuestión ideológica, sino una exigencia ética sustentada en la evidencia científica y en la defensa del derecho universal a la salud", finaliza.
