El PSdeG acusa de "suprimir" el plan de prevención de drogodependencias y Mosquera anuncia la firma de convenios en la materia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera, ha afirmado este miércoles que "ningún paciente adelantará" dinero en el caso de ser derivado a un centro privado concertado o con motivo de optar por recibir asistencia en un centro de estas características y que, en el caso de seleccionar uno que no este sujeto a concierto, se le reconocerá el derecho a "reintegro".
Todo ello, para los casos en que el Sergas no haya cumplido los plazos máximos a los que esté obligados en virtud de la futura Ley de Garantías Sanitarias que está en fase de tramitación y que todavía no ha llegado al Parlamento, donde podría ser retocada.
En días pasados, el Consello Económico e Social (CES) emitió su informe al respecto del anteproyecto de esta normativa y, referido a este artículo (el séptimo), este órgano consultivo señala que el usuario "debería ser resarcido, al menos, con la totalidad del desembolso que hubiese realizado por costear la intervención quirúrgica o prueba diagnóstica conforme a las tarifas".
Es más, sobre estas tarifas, señala que se "desconocen a priori" su importe y advierte de que incluso pueden "suponer de facto una limitación o una anulación de la garantía conferida al usuario, en el caso de que las cuantías reglamentariamente previstas se desviasen sensiblemente del coste real de las intervenciones".
DENUNCIA "PRIVATIZACIÓN"
En sede parlamentaria este miércoles, la diputada nacionalista Montse Prado denunció que el artículo séptimo del borrador supone que una persona que elija un centro privado porque el Sergas no cumple los tiempos establecidos tendrá que adelantar el dinero, puesto que se recoge un derecho a reembolso que implica "adelantar" la cuantía.
"Si el paciente no hubiese recibido una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido, tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección, ubicado en el territorio de la Comunidad de Galicia, y a ser reembolsado de acuerdo con las tarifas que se establezcan reglamentariamente para el proceso realizado", dice el apartado cuatro de esta normativa.
"La realidad es que tienen un paso decidido para la privatización. Su objetivo es acabar con la sanidad pública", ha espetado la diputada nacionalista Montse Prado al respecto del texto sometido a análisis del CES. En todo caso, ha asegurado que "para cambiarlo, tendrán el apoyo del BNG".
Sobre este punto, el Consello Económico e Social indica que en el desarrollo reglamentario "deberían tenerse en cuenta los criterios que garanticen que aquellos pacientes con menos recursos puedan tener derecho efectivo de acudir a un centro privado".
Pero la conselleira de Sanidade ha defendido que "ningún paciente del Sergas adelantará cantidad alguna en el caso de ser derivado o de optar por recibir asistencia en un centro privado concertado", y ha remarcado que la excepción está en que en el caso de no cumplirse los plazos obligados y de que el paciente "voluntariamente decida acudir a un centro no concertado distinto de todos aquellos que le pueda ofertar" el Sergas.
En ese caso, Rocío Mosquera ha explicado que de no aceptarse el pago directo por parte del centro, Sanidade reconocerá al paciente, "en este caso concreto excepcional", el derecho a este reintegro, para "completar la totalidad del derecho".
PLAN SOBRE DROGODEPENCIAS
En otro orden de cosas, la diputada del PSdeG Carmen Acuña ha denunciado que "un año después" de aprobar el plan de prevención contra las drogodependencias se "supriman" las actuaciones de prevención en este ámbito. "No tiene sentido (*) salvo que busquen que los amigos de Feijóo tengan mayores ventas", ha espetado.
Carmen Acuña se mostró muy crítica con la actitud del Gobierno autonómico y quien hizo un repaso por la problemática de la droga desde los años 80 y subrayó que "cuando Feijóo se sacó la foto con el narco ya había sido detenido y tenía dos lanzaderas y dos planeadoras" para, a renglón seguido, denunciar que "se supriman 43 equipos" de prevención de drogas en los ayuntamientos.
Sin embargo, la titular de Sanidade aseguró que este año se van a destinar 12 millones de euros en materia de trastornos adictivos, para actuaciones de prevención, asistencia sanitaria y sociosanitaria, y rehabilitación y reincorporación social.
A este respecto, indicó que estos días se están firmando todos los convenios de asistencia con las asociaciones y ha indicado que, a lo largo de este mes, se publicarán las órdenes de concurrencia competitiva de ayudas para proyectos de prevención para ayuntamientos y asociaciones.
