MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sanidad privada ha pedido que se pongan en marcha medidas para compensar la subida del IVA sanitario del 10 al 21 por ciento que entrará en vigor en enero del próximo año, ya que implicará un incremento de costes para este sector de más de 82 millones de euros y pone "en serio peligro" su sostenibilidad y solvencia.
En un comunicado, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (CNCHP) y la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) aseguran que dicha subida puede poner en riesgo "tanto la actualización tecnológica futura como la competitividad y la viabilidad de muchos centros acreditados".
Asimismo, también ha puesto el énfasis en la continuidad del "gran número de puestos de trabajo" del sector, y reclama medidas de apoyo a las partes de la cadena de valor afectadas o de estímulo a la compra de tecnología, como ocurre en otros sectores productivos.
Los hospitales y clínicas privadas soportan el IVA de todos los productos y servicios que necesitan pero, según estas entidades, no se puede repercutir de manera directa a pacientes, aseguradoras o servicios públicos, lo que significa un agravio comparativo importante y una lesión evidente de sus intereses y cuentas de resultados.
Un informe del IDIS publicado en octubre revelaba que la medida supondría un incremento de costes para el sector hospitalario privado de 82.809.206 euros, lo que representa el 2,6 por ciento de sus compras habituales y un 0,8 por ciento de sus ingresos.
La extrapolación al mercado hospitalario privado del citado 0,8 por ciento supone una reducción de los resultados en Ebitda de un 8 por ciento de media, por lo que la mitad (53%) de los hospitales privados tendrían resultados en Ebitda negativos o menores de 500.000 euros, lo que "impactará tanto en su solvencia y sostenibilidad como en el empleo cualificado que generan".
Además, recuerdan que la medida se pone en marcha en un momento en que el sistema de mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) se mantiene "con dificultades crecientes" y las concesiones administrativas se han visto ralentizadas y mermadas en su desarrollo futuro.
