El delegado critica la falta de "sensibilidad" del Ayuntamiento de Berja por cobrar la compulsa de documentos de los solicitantes
ALMERÍA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería, Alfredo Valdivia, ha pedido a los ayuntamientos de la provincia "agilidad" para gestionar el Programa de Ayuda a la Contratación, incluido en el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que va a permitir emplear en Almería a cerca de 1.000 trabajadores.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha hecho ya efectivo el pago de los 2,9 millones de euros contemplados en el decreto para los ayuntamientos de la provincia, que ya han comenzado a formalizar los contratos, según informa la Junta en una nota.
Paralelamente, se ha puesto en marcha el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, para el que se ha hecho un primer pago de más de 350.000 euros a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a la Diputación Provincial de Almería.
En la provincia de Almería se han acogido al Programa de Ayuda a la Contratación 100 de los 102 municipios. En total, se han abonado a los consistorios 2.925.252,66 euros. De ellos, la mayor parte corresponden a los seis municipios --incluida la capital-- de más de 20.000 habitantes, que han recibido 1.926.896,29 euros. Al resto de localidades de la provincia adheridas al programa les han correspondido 998.356,37 euros.
El delegado ha explicado que "los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes recibieron los fondos íntegramente en un primer pago efectuado por la Junta a comienzos de agosto, en el que también se pagó parte de las ayudas a los municipios de mayor población". Posteriormente, al inicio del mes de septiembre se han completado las ayudas de las grandes localidades de la provincia.
Valdivia ha destacado "la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por la atención a los colectivos más vulnerables, como las familias con especiales necesidades, a las que la dura situación de crisis que vivimos, ha golpeado con especial virulencia".
En este sentido, Valdivia ha criticado la falta de "sensibilidad" de algunos ayuntamientos como el de Berja que ha decidido cobrar por la compulsa de documentos y por certificados de convivencia para manejar datos como el empadronamiento de los vecinos, una información "que ya tiene en su poder".
El delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Almería ha señalado igualmente "el compromiso inequívoco de la administración andaluza con este decreto contra la exclusión social, que se ha plasmado en medidas concretas, como estas ayudas a la contratación, el programa de escuelas de verano, la ampliación de los comedores de los centros de participación activa de personas mayores, el refuerzo de las ayudas económicas familiares o del salario social; medidas que como se demuestra, cuentan con un respaldo económico".
OCHO AYUNTAMIENTOS YA HAN INICIADO CONTRATACIONES
Gracias al programa se realizarán en Almería cerca de 1.000 contratos de trabajo de tres meses hasta completar más de 87.000 jornadas. Por el momento, ocho ayuntamientos han iniciado de forma efectiva las contrataciones: El Ejido, Arboleas, Olula del Río, Uleila del Campo, Felix, Serón, Albanchez y Alcolea. El resto disponen ya en sus arcas de los fondos para el programa y comenzarán a contratar cuando concluyan los procesos de selección abiertos.
El programa recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. Dichas ayudas se distribuirán entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de diciembre de 2012.
En la adjudicación de los contratos se ha dado prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; las personas residentes en territorios reconocidos como zonas con necesidades de transformación social, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
