Salud Mental España reclama que los derechos humanos en salud mental formen parte de la agenda política

Archivo - El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico, a su llegada a una Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2021, en Madrid, (España).
Archivo - El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico, a su llegada a una Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Publicado: viernes, 10 diciembre 2021 11:31

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salud Mental España ha reclamado la necesidad de que los derechos humanos en salud mental formen parte de la agenda política. Esta reivindicación la han realizado con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra este viernes 10 de diciembre.

Bajo el 'hashtag' #DerechoaNuestrosDerechos, la confederación ha denunciado que todos los días se producen vulneraciones de derechos en este ámbito y que es necesario atajarlas de forma urgente.

En este sentido, el próximo miércoles 15 de diciembre, Salud Mental España organiza junto con CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) una jornada virtual titulada 'Derechos humanos y salud mental: Agenda política pendiente'. En ella participarán, entre otras personas, Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, Luis Alonso, Gerente de CERMI Estatal y Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, la confederación ha advertido del riesgo que supone la aprobación del Protocolo Adicional de Oviedo, "ya que atenta directamente contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental", y pide al Gobierno que vote en contra de su aprobación.

Se trata de un texto que comenzó a redactarse en 2013, cuando el Comité de Bioética del Consejo de Europa decidió incluir y protocolarizar las medidas de ingreso y tratamientos involuntarios, lo cual supone una vulneración de derechos para las personas con trastorno mental. El documento entra, además, en contradicción con varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países firmantes, entre ellos España, están obligados a cumplir.