MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ha solicitado al Gobierno que, de forma "urgente", armonice el Real Decreto que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado mes de julio, porque cada comunidad autónoma lo está aplicando de forma distinta.
"El esperanzador retorno a la cobertura sanitaria universal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio pasado está en punto muerto. Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas", ha avisado.
En este punto, REDER ha informado de que Madrid y Murcia son dos de las comunidades en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre. En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de seis a tres meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada.
Unas situaciones que, a su juicio, se producen como consecuencia de una interpretación restrictiva del nuevo real decreto. "Aunque la aprobación y posterior convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2018 fue un paso muy positivo, la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, o la atención en urgencias", ha alertado la organización.
Dicho esto, y recordando que el Congreso aprobó tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto como un proyecto de ley, REDER ha avisado de el retraso en aprobar esta iniciativa conlleva que sigan existiendo 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma, y que la mayoría de regiones exijan tres meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley.
"Esta es una cuestión a menudo insalvable, agravada en lugares como Melilla, donde el acceso al padrón está condicionado a que la persona se encuentre ya regularizada", ha dicho REDER, para señalar que la normativa "no especifica" que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia, es decir, embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en Urgencias.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS "IMPOSIBLES DE CUMPLIR"
Y es que, prosigue, al no explicitar esta garantía, algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma. Dicho esto, REDER ha señalado que los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo "imposibles" de cumplir y que, incluso, se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo "obviamente inviable".
Finalmente, ha denunciado que las personas ascendientes reagrupadas, madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal, siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. "Se encuentran en un círculo vicioso, porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre. A pesar de que la Justicia ha dado la razón a las familias afectadas, la exclusión persiste", ha sentenciado REDER.
Por todo ello, la organización ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no puede aplazar "más" la adopción del reglamento que armonice la aplicación del real decreto en toda España, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas e independientemente de su situación administrativa o de su comunidad autónoma de residencia.
