Cuestiona que las diputaciones de Bizkaia y Guipúzcoa vayan a aportar datos fiscales a la Seguridad Social
VITORIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha cuantificado en 33 millones de euros el ahorro que supondría para el País Vasco la aplicación de las medidas de copago aprobadas por el Ministerio de Sanidad, lo que no llega "ni a la décima parte" de lo que calcula el Ejecutivo central, según ha afirmado el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.
Fernández, junto al consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha comparecido este martes ante la Comisión de Sanidad del Parlamento autonómico para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno central para ahorrar unos 7.000 millones de euros en sanidad.
Al igual que vienen haciendo varios miembros del gabinete de Patxi López desde el anuncio de los recortes en educación y sanidad aprobados por la Administración central, Bengoa ha afirmado que no "quiere" aplicar buena parte de esas medidas. De hecho, el Gobierno vasco tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional las decisiones que considere que vulneren el autogobierno.
El viceconsejero de Sanidad ha asegurado que las medidas del decreto de reformas sanitarias que son "cuantificables" en estos momentos apenas supondrían un ahorro de 33 millones de euros para el País Vasco.
De esa cifra, 30 millones corresponderían a los cambios en el copago farmacéutico, que entre otras cuestiones, supondrán que los pensionistas tengan que pagar por sus recetas. Otros dos millones de euros se ahorrarían por el establecimiento del copago para el transporte sanitario no urgente y un millón más, a través del pago por materiales de ortoprótesis.
Fernández ha recordado que el Ministerio de Sanidad había estimado en más de 7.000 millones de euros el ahorro que se lograría en todo el Estado a través de las diferentes medidas contempladas en el decreto. Por ese motivo, ha señalado que, en función de ese cálculo, Euskadi debería lograr un ahorro de más de 300 millones.
Dado que el Gobierno autonómico estima que aplicando estas medidas tan sólo se gastarían 33 millones menos, el ahorro apenas supondría "una décima parte" de lo estimado por el Ministerio.
COSTES
Además, Fernández ha destacado que los costes administrativos y de otro tipo que supondría la aplicación de las medidas podrían ser incluso superiores al mencionado ahorro.
De esa forma, ha asegurado que no se puede emplear "la excusa de la sostenibilidad" para realizar unas reformas "injustas" y "regresivas". El viceconsejero se ha referido también a otra de las medidas más polémicas contempladas en el decreto del Ministerio de Sanidad, que establece la retirada de la tarjeta sanitaria para buena parte de los inmigrantes en situación irregular.
"SEÑUELO"
Según ha afirmado, el Gobierno central ha utilizado este "señuelo" para desviar la atención sobre el hecho de que, además de este colectivo, otros sectores de la población, en este caso incluso ciudadanos españoles, perderán la condición de asegurado sanitario. Entre ellos, ha citado los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social y que no logren acreditar que son "pobres de solemnidad".
Fernández, tal y como se ha explicado desde el Gobierno autonómico en los últimos días, ha asegurado que la Administración vasca, en caso de que se vea obligada a aplicar algunos de los recortes en materia de sanidad, adoptará medidas para "compensarlos".
Por su parte, Bengoa ha alertado de que, al margen de que el Gobierno vasco no "quiera" aplicar estas medidas, algunas de ellas, como el establecimiento del copago farmacéutico en función de la renta, son "muy difíciles" de aplicar.
Al igual que hizo hace unos días, ha cuestionado que las diputaciones de Bizkaia y Guipúzcoa (gobernadas por PNV y Bildu, respectivamente), vayan a aportar a la Seguridad Social los datos fiscales de los contribuyentes para poder calcular el tramo que se les aplica en el pago de las recetas.
