Ardanza no cree preciso ampliar plazas del servicio socio-sanitario en unidades residenciales

Actualizado: miércoles, 28 marzo 2012 13:19

PP considera que las 100 plazas existentes "quedarán lejos de poder hacer frente a la demanda del servicio "en el futuro muy cercano"

GERNIKA (VIZCAYA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, ha asegurado que "no hay lista de espera" en las unidades residenciales socio-sanitarias, por lo que ha considerado que, "si no hay una demanda real, en este momento, no es necesario poner nuevas camas al servicio de la ciudadanía".

Ardanza ha respondido, de esta forma, a una interpelación del PP relativa a la modificación del convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza, para la prestación de los servicios socio-sanitarios en las Unidades Residenciales socio-sanitarias del Territorio Histórico de Vizcaya.

El juntero popular Eduardo Andrés ha recordado que, el pasado 2 de diciembre, se presentó en comisión la modificación del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco y Osakidetza, para la prestación de los servicios socio-sanitarios en las unidades residenciales de Vizcaya.

Según ha indicado, la atención socio-sanitaria en residencias es un servicio fundamental, enfocado a mayores con enfermedades terminales, convalecencias, enfermedades infecciosas, o alteraciones del comportamiento, fundamentalmente. Desde el PP han señalado que este servicio es necesario en la mayoría de los casos, para personas que han sido dadas de alta en el hospital, porque desde el punto de vista sanitario no precisan continuar hospitalizados, pero en sus casas carecen de las condiciones necesarias para tener una correcta convalecencia.

Andrés ha indicado que, en la actualidad, hay 100 camas destinadas a este servicio en Bizkaia, distribuidas entre Leioa, Zornotza, Portugalete y Bilbao. En ese sentido, ha cuestionado que sean "suficientes" y ha considerado que, "en el futuro muy cercano, las 100 plazas actuales quedarán lejos de poder hacer frente a la demanda del servicio, y nos referimos a 2012 y 2013, es decir, mañana, no estamos hablando de un futuro muy lejano".

El juntero popular ha señalado que "nadie duda de que la ampliación en 10 plazas" que presentó en diciembre la diputada de Acción Social es "una mejora", pero "podría ser insuficiente". Así, ha recordado que en 2010, el entonces diputado de Acción Social, Juan Mari Aburto, anunció la creación de 100 nuevas plazas.

Por todo ello, el juntero popular ha preguntado a la diputada de Acción Social "cuáles son sus propósitos respecto al servicio socio-sanitario en unidades residenciales y si se plantean ampliar la cobertura de este servicio a otro tipo de usuarios, es decir, a personas menores de 50 años en situación igual a la que ya se está contemplando ahora", así como si tienen intención de aumentar el número de plazas.

NO HAY LISTA DE ESPERA

En ese sentido, la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha recordado que existen para la prestación de este servicio 36 plazas en Leioa, 27 en la residencia Oribe de Zornotza, 27 en Aspaldiko y, "recientemente, se han incorporado 10 nuevas plazas" en la residencia Virgenetxe de Txurdinaga" y ha asegurado que "no hay lista de espera".

Según ha explicado, estos servicios están orientados a personas afectadas en procesos de infecciones, con trastornos de conducta, en procesos de recuperación y convalencia y personas que necesitan cuidados especiales al final de la vida. El perfil del beneficiario es el de una personas de 60 años cumplidos, 50 años en caso excepcional, que ingresa a propuesta de una comisión técnica de valoración y atención sociosanitaria en materia de personas mayores.

Ardanza ha dado a conocer que en 2011, se beneficiaron de este servicio 443 personas, con una edad media de 67,4 años, el 65 por ciento de ellas mujeres. El 84,3 por ciento provenía de hospitales de agudos, originado mayoriatriamente por procesos osteoarticualres, principalmente roturas de cadera y estabilizaciones postquirúrgicas, así como por procesos oncológicos, y la estancia media fue de 78,25 días.

La diputada de Acción Social ha destacado que el 57,9 por ciento regresó a su domicilio, el 24,6 por ciento ingresó en una residencia y el 75,5 por ciento falleció.

Ardanza ha destacado que este servicio cada vez es más demandado y se trata de un dispositivo que "consigue que la gente vuelva de nuevo a sus hogares", lo que, a su juicio, "supone un gran éxito de este servicio", que "se está convirtiendo en un servicio cada vez más demandado".

Asimismo, ha destacado que el nivel de satisfacción con el funcionamiento es "muy elevado, tanto por parte de los usuarios como por las instituciones" porque "es un éxito que las personas puedan rehacer su vida una vez superadas la circunstancias que motivaron su ingreso".

Ardanza ha indicado que, si bien inicialmente estas unidades se concibieron como unidades residenciales para personas mayores, también se atiende personas que no alcanzan los 50 años que sufren procesos oncológicos muy graves o procesos convalencientes.

A su entender, la edad "no debe ser determinante para el acceso a unidades residenciales, sino que su acceso lo debe determinar solo las circunstancias de complejidad social y sanitaria". Por ello, ha anunciado que trabajan en una nueva regulación que próximamente llevarán al Consejo de Gobierno.

En cuanto a la ampliación de plazas, Ardanza ha dicho no entender que se tenga que ampliar un recurso "en el que, en este momento, no hay una demanda real", a la vez que ha precisado que los "propósitos" del su departamento son "seguir apostando con fuerza por este tipo de dispositivo", pero, según ha añadido, "lo que está claro es que si no tenemos una demanda real, no es necesario que pongamos nuevas camas al servicio de la ciudadanía".

Ardanza ha reconocido que puede haber personas menores de 60 años que precisen de este servicio y, por ello, según ha insistido, están modificando el decreto y van a "dotar de mayor flexibilidad a la comisión de valoración, para que pueda atender situaciones específicas urgentes".