VALENCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, ha asegurado este sábado que la intención del Ministerio de Sanidad de excluir a las mujeres solteras y lesbianas del acceso a los servicios públicos de reproducción asistida es una medida que en la Comunitat Valenciana "desde hace tiempo se está aplicando de facto".
En un comunicado, ha lamentado que esta medida "lleva tiempo aplicándola el PP en la Comunitat de forma soterrada y torticera y, por supuesto, vulnerando el derecho a la igualdad y a la no discriminación".
"Una vez más lo que el PP de Rajoy planea ahora para aplicar a nivel nacional en la Comunitat ya se ha estado aplicando, convirtiéndose de nuevo en el laboratorio donde el PP aplica y pone en practica sus políticas más antisociales y más retrógradas, como ha ocurrido con la privatización de la sanidad", ha recalcado.
La socialista ha explicado que en la región las parejas de lesbianas llevan "mucho tiempo" denunciando las trabas y dificultades que tienen para acceder a los tratamientos de reproducción asistida pública, y que "aunque jamás les dicen que es por su condición sexual, les ponen como condición para acceder al tratamiento que acrediten su condición de infertilidad".
Asimismo, ha señalado que ocurre igual con las mujeres que viven solas o que conviven con pareja pero no están casadas, para quienes "son tantas las trabas y dificultades que les ponen que acaban por acudir a la sanidad privada".
Para Peris, se trata de un mecanismo para "no dar cumplimiento a lo establecido en la ley que regula la igualdad de derecho de las parejas homosexuales, y conseguir, por vías torticeras, dejar de cumplir el mandato legal refrendado por el Tribunal Constitucional".
"Desde que gobierna el PP el derecho a decidir de las mujeres se está convirtiendo en algo imposible", ha denunciado la socialista, que ha recordado la propuesta de reforma de la ley del aborto con la que "pretenden eliminar el derecho de las mujeres a decidir cómo y cuándo quieren ser madres" o la decisión de dejar de financiar a partir del 1 de agosto ocho píldoras anticonceptivas de última generación.
Ha incidido en que ninguna de estas medidas persiguen el ahorro o la racionalización del gasto, sino que "son puras medidas ideológicas para imponer a la sociedad española su modelo de familia y limitar el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad".
