MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a tipificar como delito el tráfico de órganos, en el plazo más breve posible, para adecuar el ordenamiento jurídico español al contenido del tratado internacional sobre la materia, que España y otros 13 países suscribieron en Santiago de Compostela esta semana.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrada para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara por el portavoz socialista en la materia, José Martínez Olmos.
En ella resalta que, según datos de la OMS, hay 10.000 trasplantes clandestinos en el mundo al año. Por ello, el pasado martes se selló en la capital gallega el primer tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como un delito.
"Se trata de un convenio que pretende derribar barreras burocráticas para su persecución internacional y que pone bajo el foco de la justicia a los intermediarios en la compraventa, al personal sanitario que participa en los trasplantes e incluso a los receptores de los órganos, sobre todo cuando no se trata de una cuestión de vida o muerte", remarca.
Entre los firmantes se encuentran Albania y Moldavia, dos países en los que, según explica Olmos, hay "constancia" de casos de ciudadanos que donan sus órganos a cambio de dinero a enfermos de otros territorios.
"En España, las reformas legislativas a las que compromete el convenio permitirán actual contra los nacionales que en el futuro compren órganos en el extranjero, aunque en estos territorios sea legal", sostiene.
En concreto, el convenio, que ha sido promovido por el Consejo de Europa, considera ilegal la extracción de órganos "sin el consentimiento libre, informado y específico del donante" o cuando se ofrece un "beneficio económico o una ventaja comparable" a esa persona o a un tercero.
Es más, señala que tipifica también como delito el uso de esos órganos, su implantación, su traslado, su preparación, su almacenamiento y el simple ofrecimiento del dinero. "Las personas jurídicas también serán responsables y se perseguirá incluso la complicidad y la tentativa", ha subrayado Olmos.
