MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a crear un Fondo Estatal de Indemnización para las víctimas del amianto, al igual que se ha creado en otros países, y otro destinado a investigar las patologías cancerígenas derivadas de su exposición a este mineral.
En los últimos 30 años se han registrado en España más 40.000 casos de afectados por este mineral, tanto en su lugar de trabajo como en sus viviendas, siempre que se hayan construido con elementos que integran este mineral.
Su principal vía de exposición es la vía respiratoria, aunque también puede adherirse a la ropa y a la piel, y puede ocasionar cáncer de pulmón, mesotelioma maligno (cáncer de la célula mesotelial que afecta a la pleura y al peritoneo) o asbestosis (una enfermedad pulmonar crónica por la inhalación.
De hecho, el municipio gallego de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más personas afectadas, debido principalmente a sus astilleros, que hicieron que miles de trabajadores se vieran expuestos a este material "incluso desde su adolescencia".
Por todo ello, los socialistas piden que el fondo de indemnización que proponen, según el texto de la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, corra a cargo de las entidades aseguradoras, empresas responsables y presupuestos del Estado a través del instituto Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, también piden al Gobierno la creación de un programa de vigilancia epidemiológica de mesoteliomas con clasificación sistemática y la realización de la restructuración necesaria en el seno del Ministerio de Sanidad de forma para que organice un departamento estatal del amianto.
Dicho departamento debe contar con la participación de la comunidad científica e incluya los registros de series históricas de exposición a este material en los ámbitos laboral, vecinal y doméstico.
Por otro lado, también promueven la creación de comisiones y otras vías parlamentarias para efectuar un diagnóstico de la situación en las diferentes comunidades y en el conjunto del Estado con objeto de elaborar las correspondientes propuestas jurídicas, políticas y económicas en relación con la situación de las personas afectadas.
