Foto: EUROPA PRESS/JUNTA
OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a pagar a un paciente una indemnización equivalente al coste económico que tuvo que afrontar por la intervención quirúrgica realizada en una clínica privada.
El Juzgado estimó la demanda planteada al entender que no se proporcionó al paciente la asistencia sanitaria que requería en atención a la urgencia que demandaba su enfermedad, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Así, obliga al Sespa a indemnizarle con 23.188 euros.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre, que padecía una enfermedad cardiaca consistente en estenosis aórtica por calcificación de la arteria acudió el 21 de diciembre de 2009 a una consulta privada de cardiología, donde le recomendaron una evaluación para operarse . Tras esa consulta, acudió a su médico de familia, quien el 29 de diciembre emitió volante de consulta al Servicio de Cardiología de Cabueñes.
Allí llegó en febrero de 2010 y le derivaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), diciéndole que el caso sería evaluado de forma conjunta por Cardiología y Cirugía Cardiaca y que le comunicarían la decisión adoptada.
El paciente acudió nuevamente al HUCA el 1 de marzo de 2010, sin que le concretasen fecha de intervención. Se le dijo que, en cualquier caso, no sería antes de cinco o seis meses. En vista de los plazos y ante la gravedad, el hombre decidió acudir a la asistencia sanitaria privada, Fue operado con éxito en el Centro Médico el 3 de marzo. Posteriormente, desde el HUCA se le comunicó que se había decidido que se le iba a operar y se le dio cita para el 5 de mayo.
A la vista de los acontecimientos, el paciente decidió acudir a los tribunales al entender que debían indemnizarle desde el sistema público, al existir urgencia vital en su enfermedad, que no fue atendida. Comenzó así un proceso de reclamaciones que al final ha conseguido darle la razón en un procedimiento en el que sus intereses han sido defendidos por el abogado José Manuel Rodríguez Alonso, del bufete NorAbogados.
En los argumentos jurídicos, el juez entiende que en este caso la sanidad pública debía haber atendido al hombre "a la mayor brevedad", una vez que tenía el diagnóstico en diciembre de 2009. "Podemos concluir que se superaron los plazos razonables para realizar una intervención quirúrgica", afirma el juez en la sentencia.
"Hasta mayo de 2010 pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación", añade, de tal forma que considera que el paciente sufrió una "dilación incompatible con el tipo de enfermedad". Por ello condena al Sespa a que abone los gastos de la operación en la clínica privada, más los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.
