Detectan "carencias presupuestarias, falta de equidad y vulneraciones de los derechos" a pesar de los avances en políticas de infancia
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Infancia, una red que aglutina a más de 70 organizaciones de infancia, ha alertado del incremento del 47% de los trastornos de salud mental en niños, niñas y adolescentes con respecto a 2018 y ha propuesto, entre otras medidas, implementar la figura del psicólogo escolar en todos los centros educativos, como ya sucede en algunas comunidades autónomas.
Esta es una de las recomendaciones que aparecen recogidas en el informe 'La situación de la infancia en España 2022', que ofrece una radiografía del estado de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España, a partir del análisis de organizaciones de infancia, expertos y las opiniones de más de 4.300 menores de 6 a 17 años.
El estudio, publicado este martes, se presenta de cara al VII ciclo de revisión sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se inicia en 2022. A través de este mecanismo de control, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, recoge las opiniones de la sociedad civil, las contrasta con las acciones del Estado y emite una serie de recomendaciones. La última vez que España se sometió a este examen fue en 2018.
El presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, ha indicado que, desde 2018, "se ha avanzado en políticas públicas de infancia" en España pero ha advertido de que se constatan "carencias presupuestarias, falta de equidad y vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
"Se ha avanzado en políticas públicas de infancia pero es necesario resolver esa carencia de recursos económicos, de desarrollo normativo y de perspectiva de infancia", ha subrayado López este martes en una rueda de prensa.
En el informe, las ONG de infancia reconocen "grandes avances" en materia de derechos de infancia en los últimos cuatro años como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), y de la LOMLOE, la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil o medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los complementos de infancia o la garantía infantil.
Si bien, avisan de que estas medidas no han tenido aún un impacto real en la vida de los niños y niñas, y piden que se inviertan más recursos, y que las políticas públicas tengan un enfoque de infancia.
En concreto, sobre la salud mental, la responsable de programas de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Gema Rodríguez, ha indicado que "pone los pelos de punta" el aumento de los trastornos mentales en un 47%. Además, ha añadido que se han "triplicado o cuadruplicado los diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)" desde 2019, y los comportamientos suicidas han aumentado hasta un 59%.
Según indica el informe, España es "uno de los países europeos con mayor prevalencia en problemas de salud mental entre niños, niñas y adolescentes". Por ello, recomiendan poner en marcha una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, crear y reconocer la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, e implementar la figura del psicólogo en los centros educativos.
LA CIFRA MÁS ALTA DE POBREZA INFANTIL EN 5 AÑOS
Por otro lado, las organizaciones de infancia apuntan la necesidad de destinar recursos económicos a reducir la pobreza infantil y acabar con la falta de equidad. El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años.
Asimismo, consideran fundamental que se lleven a cabo los desarrollos normativos necesarios para garantizar la protección integral de la infancia frente a la violencia que recoge la LOPIVI.
En esta línea, piden la aprobación de una ley que establezca la especialización de los órganos judiciales y la Fiscalía para las causas penales por delitos contra niños y niñas; y los desarrollos autonómicos necesarios para poner en marcha con todas las garantías las figuras del coordinador de bienestar en el ámbito educativo y del delegado de protección en el ámbito del ocio y tiempo libre y el deportivo.
Además, las ONG de infancia llaman la atención sobre el hecho de que, desde 2016, España no cuente con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, aunque reconocen que actualmente se está elaborando la Estrategia Nacional sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ENDIA) 2030.
AYUDA UNIVERSAL A LA CRIANZA
Otras de las recomendaciones que recoge el informe son: poner en marcha una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables; garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza; aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio; poner en marcha medidas para priorizar el acogimiento familiar y asegurar que la atención en centros de acogida es el último recurso.
Igualmente, sugieren garantizar que el nuevo procedimiento de evaluación de la edad incorpore los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todos los menores con discapacidad; o fortalecer los canales estables de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, autonómicas y estatales.
En la presentación del informe han participado cuatro menores --David (16 años), Amalia (18 años), Jus (14 años) y Santi (16 años)--que han puesto de manifiesto algunos de los problemas a los que se enfrentan.
NO SE SIENTEN ESCUCHADOS POR LOS ADULTOS
Entre otros, han destacado que "no siempre" se sienten escuchados por los adultos, que "a menudo" se sienten "desprotegidos" frente a la violencia, que a veces no pueden ejercer su derecho al juego o al descanso debido al "ritmo estresante" de la vida, o que no reciben suficiente información para navegar con seguridad por Internet y detectar las noticias falsas.
Tal y como ha precisado la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral, muchas de las carencias reflejadas en este informe ya venían "arrastrándose" desde antes de la pandemia de la Covid-19 pero la emergencia sanitaria "las ha sacado a la luz".
Del Moral ha recordado el tiempo que se tardó en dejar salir a la calle a los niños y niñas, el cierre de los parques o la situación a la que se enfrentaron los menores en centros de protección durante el confinamiento, hechos que, a su juicio, ponen en evidencia que hay "una falta de perspectiva de infancia en las políticas públicas".
