VALENCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio del Derecho Universal a la salud de la Comunidad Valenciana (Odusalud) ha recibido 213 notificaciones entre septiembre 2013 al 31 de marzo de 2014 por vulneración del derecho a la asistencia sanitaria en la red pública valenciana. De ellos, 32 eran menores, lo que supone que en seis meses se han producido más de la mitad de los casos registrados en el total desde el inicio de registros desde noviembre de 2012 pese a que el Real Decreto 16/2012 mantiene para ellos el derecho a la asistencia sanitaria.
Así, figura en el séptimo informe de este Observatorio, constituido por 56 asociaciones y entidades, en el que se analiza los datos recogidos desde la puesta en marcha del Programa Valenciano de Protección a la Salud con el que se "ha intentado subsanar" las restricciones del RD 16/2012, pero que "en la práctica se demuestra ineficaz". De este modo, desde que este se puso en marcha este Observatorio en noviembre de 2012 se han 661 notificaciones.
De hecho, el informe señala que este programa, puesto en marcha en la Comunidad Valenciana el 31 de julio de 2013, "no ha permitido restablecer el acceso de las personas excluidas a los servicios sanitarios en condiciones adecuadas, por sus propias limitaciones y por la forma en la que se aplica".
Además, ha constatado que durante 2013 se han producido otros cambios normativos que "han aumentado y agravado las dificultades" para acceder a los servicios sanitarios de algunos colectivos, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad administrativa, social y económica como los pacientes crónicos, discapacitados, dependientes, pensionistas, extranjeros sin permiso de residencia y personas sin recursos económicos.
Asimismo, de los dados se desprende "la persistencia de ciudadanos de la UE que quedan excluidos del sistema, entre ellos un número bastante elevado de menores, a pesar de que la legislación no los ha excluido".
Odosalud explica que este incremento de notificaciones "se justifica por la mayor participación de las entidades y, sobre todo, las que trabajan con poblaciones procedentes de Rumanía" ya que "una de cada tres incidencias afecta a personas procedentes de la UE, incremento debido a la mayor incidencia de personas de este país".
Dentro del registro de incidencias, se refleja que "una de cada tres incidencias se deriva de la exigencia del compromiso de pago de la asistencia o de la falta de acceso al tratamiento por razones económicas"; dos de cada tres casos corresponden a personas que "no llegan a ser atendidos directamente por personal sanitario" y además siguen "existiendo trabas administrativas, como carencia de tarjeta sanitaria, documento análogo o trámites de expedición y renovación".
Del mismo modo, señala que la falta de conocimiento y de adecuación de los procesos administrativos "sigue dificultando la atención de estos pacientes, incluso impidiendo la continuidad de la asistencia y la prescripción de medicación en casos de enfermedades graves o con riesgo desde el punto de la salud pública".
Además, recoge que la exigencia de firma de un compromiso de pago previo a la asistencia y la facturación "siguen siendo elementos disuasorios" para algunos pacientes, especialmente quienes tramitan su permiso de residencia temporal. La consecuencia de la "autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria", lo que "se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar".
PERFIL DE LAS NOTIFICACIONES
De acuerdo con los datos, el 85 por ciento de las incidencias, el 85 por ciento de los casos, 181 incidencias, corresponde a personas mayores de 18 años. El 15 por ciento restante, 32 casos, corresponde a menores,
El 57 por ciento de las incidencias afecta a mujeres y el 51 por ciento de las notificaciones hacen referencia a personas en situación administrativa irregular. Afectan a residentes comunitarios el 37 por ciento de las incidencias, el 15 por ciento a personas con permiso de residencia y un 3 por ciento de españoles. Por procedencia, el 29 por ciento son personas de origen latinoamericano. El segundo mayor grupo, con un 35 por ciento está compuesto por personas procedentes de la Unión Europea y el tercero los subsaharianos con un 13 por ciento.
El tipo de incidencia más frecuente es la falta de acceso a la atención médica, con un 59 por ciento, seguida de la exigencia de compromiso de pago o facturación con un 23 por ciento, y un 15 por ciento con dificultades económicas para acceder a los medicamentos.
El 92 por ciento de los registros procede de las capitales de provincia (Alicante: 39%, Castellón: 4% y Valencia 49%) y el 14 por ciento de las incidencias se producen en hospitales o servicios de urgencia hospitalaria, donde se atienden normalmente procesos de mayor urgencia y/o gravedad, mientras que un 68 por ciento en los centros de salud y de especialidades.
