Cervera dice que al PPN "le hubiera gustado ver al Gobierno de Navarra defendiendo también las libertades ante el TC"
PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP, mediante la firma de más de 50 diputados 'populares', ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad a la ley foral por la que se crea un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, al entender que "no es compatible con la Constitución que una ley establezca restricciones al ejercicio de un derecho fundamental".
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del Partido Popular de Navarra, Santiago Cervera, quien ha defendido que la norma "supone una restricción fundamental al derecho básico de los profesionales sanitarios de ejercer su libertad de conciencia y de ideología, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución".
Esta ley, presentada por el PSN y apoyada por NaBai e IUN, fue aprobada por el Parlamento de Navarra en octubre del pasado año. A juicio de Cervera, la norma se tramitó por "un procedimiento políticamente anómalo, de lectura única".
Los 'populares' han solicitado que el recurso se tramite por el Tribunal Constitucional por "vía preferente" y en él han pedido la suspensión cautelar de la ley foral.
El presidente de los 'populares' navarros ha argumentado que esta ley "restringe un derecho fundamental", por lo que este recurso "supone la defensa de los libertades de los profesionales y también de todos los ciudadanos". "No podemos admitir que se regule de manera restrictiva el ejercicio de un derecho fundamental", ha añadido.
Además, ha defendido que la norma hace "desiguales" a los sanitarios navarros y "de peor condición que el resto de profesionales del país, puesto que se les impone, a través de una ley, una restricción al ejercicio de un derecho fundamental".
Por otro lado, Cervera ha destacado que al PPN "le hubiera gustado ver al Gobierno de Navarra al lado del Partido Popular, defendiendo también ante el Tribunal Constitucional la legalidad y las libertades en la Comunidad foral". "El Ejecutivo foral tiene también habilitación legal suficiente como para haber podido recurrir esta ley foral. No lo ha hecho y no ha anunciado que lo vaya a hacer", ha criticado.
"OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN"
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PPN, Enrique Martín, ha criticado que esta ley foral "no tiene comparación con ninguna otra normativa en esta materia", ya que, según ha indicado, "establece la obligatoriedad de la inscripción, estigmatiza al profesional, y crea un registro propiedad de la Administración".
"Se obliga a inscribirse en el registro sólo a los objetores de conciencia, algo que puede llegar a formar auténticas listas negras de profesionales e incluso a estigmatizar a sanitarios", ha censurado.
Asimismo, ha destacado el hecho de que estos registros puedan ser "custodiados por la Administración, algo que puede acarrear problemas a la hora de acceder a una plaza en la sanidad pública, de movilizar a estos profesionales sanitarios, o de acceder a un traslado de alguna plaza", con lo que, según Martín, "se vulnera la igualdad de oportunidades".
Otras provincias en las que existen este tipo de registros, ha añadido, tienen listas que "no están regulados por ley, tienen carácter voluntario y su custodia depende en su mayoría de organizaciones profesionales y, fundamentalmente, de comités deontológicos de colegios de médicos".
