MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha exigido que "se garanticen las prestaciones sanitarias a los inmigrantes, con independencia de su situación legal, de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas".
Por su parte, la responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea que recoge dicha reivindicación.
El Real Decreto Ley 16/2012 de recortes en sanidad supone, en la práctica, "un cambio de nuestro modelo de sanidad, hasta hoy universal, público, gratuito y equitativo". Por ello, sostiene González Tovar, "dicho recorte constituye la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de la democracia".
Con este cambio, ha advertido, "se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento; es decir, retrocedemos al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, en el que la atención sanitaria era una contraprestación por lo cotizado, en vez de un derecho ciudadano universal".
Para González Tovar, "esta decisión, adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública de nuestro país".
Por su parte, la diputada Teresa Rosique argumenta en su moción que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular "supone un retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente".
"Además, alerta, supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos".
En la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional "calcula que los inmigrantes en situación irregular son unos 33.000, y diversos estudios apuntan a que el gasto que genera la atención sanitaria a estos inmigrantes es mínimo".
De hecho, Andalucía calcula que el gasto de atención sanitaria a inmigrantes en esta situación "ronda en torno al 0,68% de su gasto sanitario". Por tanto, apunta Rosique, "no se justifica, ni siquiera en términos económicos, el recorte en derechos que Rajoy ha realizado con ese Real Decreto".
Precisamente, destaca que el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que acaba de examinar el quinto informe de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "ha manifestado públicamente su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012; en particular, en la Ley de Extranjería de 2009, que recorta los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud".
En este sentido, el Comité recomienda al Gobierno asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, "las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en España a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal".
También recomienda que el Gobierno "evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud".
Comunidades Autónomas como Cataluña, País vasco y Andalucía "ya han anunciado que no quitarán la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y la Comunidad Valenciana prolongará la atención sanitaria a los sin papeles, proporcionándoles una tarjeta sanitaria temporal que garantizará todas las prestaciones".
Por ello, el secretario general de los socialistas murcianos ha denunciado públicamente que "resulta incomprensible que en la Región, la Consejería de Sanidad y Política Social no sólo no se ha limitado a aplicar a rajatabla esta medida, sino que procedió a negar la tarjeta sanitaria antes de la fecha límite, fijada para el 1 de agosto".
Por otro lado, ha recordado que la Ley General de Salud Pública, aprobada recientemente, "prevé la evaluación del impacto en la salud de las normas, planes, programas y proyectos que se seleccionen, por tener un impacto significativo en la salud".
