MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Miembros de diferentes comités de ética de la investigación clínica han defendido en un encuentro en Cádiz la necesidad de incorporar pacientes a estos organismos, que revisan y aprueban cualquier proyecto de investigación que se pretenda realizar con humanos antes de su realización.
El objetivo de estos comités es estudiar el proyecto y comprobar que se protegen los derechos y bienestar de los participantes, y que se les informa de forma correcta y comprensible antes de solicitarles su consentimiento para participar en la investigación.
Por ello, en este encuentro organizado por la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) con el apoyo de la Fundación AstraZeneca y la Fundación Lilly los asistentes han coincidido en la necesidad de incluir a pacientes como ya plantea el borrador del real decreto de ensayos clínicos con medicamentos, que obligará a abordar la organización de estos comités en España.
Asimismo, se han señalado las dificultades prácticas y las distintas fórmulas que pueden existir para incorporar a los representantes de los pacientes, se ha defendido la figura del paciente experto y la necesidad de comunicarles los resultados del ensayo en el que han participado.
La presidenta del comité canario, Mar García Saiz, ha señalado algunos de los aspectos más controvertidos y relevantes de la propuesta, como son los que hacen referencia a los seguros de los ensayos clínicos, la existencia de evaluaciones redundantes entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y los comités de ética, y ha destacado la importancia de establecer la categoría de ensayos de bajo riesgo, que pueden ser sometidos a un procedimiento más simple.
Por otra parte, Javier Arias, del Instituto de Salud Carlos III, ha presentado el marco de desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica en lo que se refiere a los comités, así como su función de supervisión de toda la investigación biomédica.
En la discusión han participado miembros de los comités de ética y representantes de las autoridades autonómicas responsables de su acreditación, y se ha insistido en que es necesario garantizar la coordinación de las comunidades para facilitar un buen funcionamiento del sistema que permita que un solo comité sea, como dice la norma, el responsable de la evaluación de cada proyecto y emita un dictamen válido para toda España.
