Publicado 15/06/2020 14:55CET

Más de 1.200 ataques contra sanitarios en 2019 han causado la muerte a 150 sanitarios en conflictos armados

Un sanitario en la puerta de una habitación de la UCI
Un sanitario en la puerta de una habitación de la UCI - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

En 2019 se han cometido más de 1.200 ataques y amenazas contra trabajadores sanitarios, instalaciones y transportes médicos y de pacientes en 20 países afectados por conflictos armados, lo que ha provocado que al menos 150 trabajadores sanitarios hayan perdido la vida, 90 han sido secuestrados y al menos otros 500 han resultado heridos en ataques a la atención sanitaria.

Así lo refleja un nuevo informe publicado por la Coalición para preservar la salud en los conflictos, de la que forma parte el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Dicho informe, que representa la evaluación más detallada de los actos de violencia y amenazas contra la atención sanitaria en regiones que están experimentando conflictos armados y violencia política, revela que estos ataques han continuado en 2019 con total impunidad menoscabando la salud pública y denegando a los civiles el acceso a servicios sanitarios que salvan vidas.

Los datos de 2019 reflejan un incremento alarmante en el número de denuncias de actos violentos en comparación con 2018, año en que la Coalición para preservar la salud en los conflictos denunció 973 actos de este tipo en 23 países objeto de estudio, lo que supone un incremento del 23,6 por ciento.

Sin embargo, el alcance real de la violencia contra la atención sanitaria en los conflictos podría ser muy superior puesto que se denuncian muchos menos casos de los que se producen. Estas agresiones han tenido lugar en los meses previos a la pandemia de Covid-19 en la cual la fortaleza de los sistemas de salud y la protección del personal sanitario es más esencial que nunca en todos los países del mundo.

2019 se ha caracterizado por el bombardeo aéreo de hospitales en Libia, Siria y Yemen, así como por los disparos efectuados a médicos mientras atendían a manifestantes heridos en Irak, el territorio ocupado de Palestina y Sudán, y por el secuestro de trabajadores sanitarios en Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC) y otros lugares.

En Afganistán y Siria hace muchos años que continúan los ataques a la atención sanitaria a niveles muy elevados, 2019 "no ha sido una excepción" con más de 100 actos de violencia denunciados en cada uno de ellos. Estos actos violentos han menoscabado gravemente los esfuerzos para responder a grandes amenazas de salud pública en 2019.

Se han producido más de 400 ataques a la atención sanitaria en la RDC, la mayoría de ellos en relación con la respuesta al brote de ébola. En Pakistán, donde la polio sigue siendo una enfermedad endémica, la violencia infligida a los equipos de vacunación ha provocado la suspensión de las campañas de inmunización dejando sin vacunar a 1,8 millones de niños.

A medida que se han intensificado los conflictos en Burkina Faso y Libia, también ha ido en aumento el número de ataques a la atención sanitaria con 73 incidentes sólo en este último país. El informe anual de la Coalición para preservar la salud en los conflictos cubre el año civil 2019, pero la violencia contra la atención sanitaria también ha dificultado la respuesta a la pandemia de COVID-19 en países tanto en situación de conflicto como de paz.

Insecurity Insight, miembro de esta Coalición, ha denunciado 265 actos de ataque y amenaza contra la atención sanitaria desde enero hasta mayo de 2020 en 61 países como respuesta a las medidas de salud adoptadas contra el COVID-19 como, por ejemplo, respuestas violentas a la realización de test y a las medidas de cuarentena, así como ataques a los trabajadores sanitarios por miedo a que pudieran propagar la infección. En algunos países, las fuerzas y cuerpos de seguridad han recurrido a la violencia para implantar medidas de cuarentena y castigar a quienes han manifestado inquietudes por la respuesta a la pandemia.

"Nuestros alarmantes descubrimientos revelan una vez más que los compromisos para poner fin a la violencia contra la atención sanitaria siguen siendo débiles, más retórica que acción. Hace cuatro años que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logró el compromiso de la Comunidad Internacional para dar pasos concretos en materia de prevención y rendición de cuentas, pero los trabajadores sanitarios y los pacientes a los que atienden siguen esperando", ha dicho el fundador y presidente de la Coalición para preservar la salud en conflictos y profesor en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y el Centro para la Salud Humanitaria, Leonard Rubenstein.

En este sentido, la directora de Insecurity Insight, Christina Wille, ha avisado de que la violencia contra la atención sanitaria continúa durante la pandemia de Covid-19, tanto en relación con conflictos en curso como con ataques específicos contra los esfuerzos de respuesta al Covid-19.

"Según nuestro análisis, quienes han cometido la mayor parte de los actos de violencia en relación con el Covid-19 son miembros de la comunidad o de las fuerzas de seguridad que actúan por intereses personales. La violencia contra la atención de salud dificultará aún más el abordaje de la pandemia de Covid-19", ha dicho Wille.

RECONOCIMIENTO A ENFERMERAS Y MATRONAS

Como reconocimiento del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 2020, la Coalición para preservar la salud en los conflictos dedica su informe anual a las enfermeras y las matronas que trabajan cada día en las primeras líneas en entornos de conflicto para promover la salud y salvar vidas.

"Las enfermeras representan la mayoría del personal sanitario a nivel mundial y a menudo son el primer y único punto de prestación de cuidados en muchas comunidades en todo el mundo. Las comunidades sufren cada vez que se resta una enfermera del personal de salud por violencia contra la atención sanitaria", ha afirmado la asesora sénior de políticas de enfermería y salud en el Consejo Internacional de Enfermeras, Erica Burton.

Asimismo, la directora de políticas en Médicos por los Derechos Humanos, Susannah Sirkin, ha comentado que a pesar de algunas investigaciones limitadas y reducidas, los gobiernos, los ejércitos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han fracasado por completo en el cumplimiento de su deber de que los autores de los ataques más graves a instalaciones sanitarias y personal de salud rindan cuentas.

"La comunidad mundial ha de hacerlo mejor para las enfermeras, las matronas, los técnicos de emergencias médicas, los médicos y otros trabajadores de la salud bajo asedio desde Libia hasta Ucrania y Myanmar", ha apostillado.

El informe realiza recomendaciones detalladas para prevenir y responder a los ataques a la salud, en particular dirigidas a los Estados Miembros de Naciones Unidas, ministerios de defensa, ministerios de salud, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la sociedad civil y los donantes.

"Los trabajadores sanitarios reciben aplausos y homenajes bien merecidos por su labor salvando vidas en respuesta al COVID-19 y a otras emergencias, pero debe indignarnos a todos el hecho de que muchos sigan enfrentándose a bombas, violencia política, secuestros y amenazas. Los trabajadores sanitarios han de estar seguros para salvar vidas. Y garantizar su seguridad también implica actuar para protegerles frente a la violencia durante los conflictos y hacer que los autores rindan cuentas", ha declarado el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya.

Para la elaboración del informe se ha aplicado un enfoque basado en eventos para documentar los ataques a la atención de salud utilizando varias fuentes sobre las cuales se han realizado comprobaciones cruzadas. La información se ha consolidado en un conjunto único de datos de actos registrados que se han codificado utilizando definiciones estándar. Está a disposición en Intercambio de Datos Humanitarios