Lasquetty opina que el anuncio de recurrir los decretos de área única es un "error más" del PSM en materia sanitaria
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no se plantea modificar la financiación de los centros de salud y hospitales hasta dentro de cerca de dos años, cuando haya visto la evolución de la aplicación de la ley de libre elección.
En declaraciones a los medios en un desayuno informativo para explicar la aplicación de la ley de libre elección de médico, que ya será una realidad el 15 de octubre en atención primaria, Lasquetty ha dicho que a pesar de que sí que es probable que se cambie el modelo de financiación en función de los pacientes que tenga asignado cada centro de salud y hospital, aún es "muy precipitado" hablar de ello.
No obstante, sí que ha asegurado que en un futuro próximo los centros de salud y hospitales que tengan más pacientes deberán "ver incrementados sus recursos" como también tendrá que ocurrir en el caso de los médicos que cuenten con más pacientes.
El consejero, que ha afirmado que la libertad de elección en los centros de salud será una realidad en quince días y el 1 de diciembre en los hospitales, ha destacado que para ello, el 1 de diciembre ya estará disponible la historia clínica electrónica para aquellos profesionales de los hospitales que cuenten con pacientes que hayan ejercido su derecho a la libre elección. En el caso de la atención primaria, el 15 de octubre, la historia clínica digital estará disponible de los centros de salud, pero no alcanzará a los hospitales.
Preguntado por el anuncio del secretario general del PSM, Tomás Gómez, de que va a recurrir los decretos que desarrollan la ley de libre elección y área única de salud, Lasquetty ha opinado que se trata de "otro error" del PSM en materia sanitaria.
El consejero se ha referido a los argumentos que Gómez alegó para justificar su recurso ante el contencioso administrativo y ha señalado que no es una "ilegalidad" superar el plazo previsto para la publicación de los decretos, que en un principio se fijó en tres meses.
El otro argumento alegado por Gómez fue que un área única de 6,5 millones de habitantes supera el máximo de 250.000 pacientes por área sanitaria establecidos. A este respecto, ha indicado que eso se trata de un contenido de la ley, que sigue su curso porque no ha sido echada para atrás.
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