El Comité Profesional censura que la Consejería quiere descapitalizar el sistema público y que sus medidas reducen la calidad asistencial
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Coordinador Profesional ha planteado a la Consejería de Sanidad una reforma del sistema sanitario público basada en la implantación de unidades de gestión clínica como alternativa a la externalización de centros sanitarios, que fomentaría más ahorro, calidad y eficiencia en el servicio dando más competencias a los profesionales para decidir sobre el gasto y que sería aplicable este mismo año a los hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, el del Henares, el del Sureste y el Hospital del Tajo.
El citado Comité, que agrupa a diversos colectivos profesionales, argumenta que aumentar la capacidad de decisión de los equipos sanitarios sobre inversiones, tecnologías, organización de recursos humanos fomentará un mejor uso de los recursos diagnósticos y procedimientos terapéuticos garantizando la equidad en los sistemas de gestión de lista de espera y la derivación de pacientes desde primaria a los hospitales.
Además, se deberá configurar un responsable para esas unidades junto a un proyecto de gestión y un acuerdo anual de gestión clínica. También se establece que las Junta Técnico-Asistenciales sean el núcleo 'decisor' en el hospital, de forma colegiada con gerencias y la Consejería de Sanidad.
También se crearía un sistema de información para aumentar la "transparencia" en la gestión sanitaria tanto en la parcela económica, administrativa y asistencial con resultados concretos y claros. Por otro lado, se plantea la creación de una Agencia Sanitaria de Calidad y Eficiencia Asistencial encargado de auditar el funcionamiento del sistema y compuesta por representantes de la administración, los profesionales y la propia ciudadanía.
Así lo han detallado en rueda de prensa los integrantes del Comité Profesional, Jesús Frías (representante de los Jefes de Servicio de los Hospitales, Eduardo Lobo (representante del Colegio de Médicos), José Luis Quintana (representante de los profesionales de Atención Primaria), Pedro González (presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), Rafael Pérez (también representante de Jefes de Servicio) y José Antonio Serra (representante en materia de planes estratégicos).
Esta propuesta de creación de unidades de gestión, que también serían de aplicación en los Centros de Atención Primaria, ha sido remitida el 11 de febrero a la Consejería de Sanidad como alternativa a su Plan de Sostenibilidad, sin que hasta el momento hayan tenido una respuesta concreta por parte del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty.
"La situación es complicada y queremos que los profesionales sean los protagonistas del ahorro a conseguir", ha comentado Frías para indicar que esta propuesta supone un "cambio copernicano" de gestión y que incluye además un plan de ahorro para los hospitales tradicionales. A su vez, ha reiterado que la medida sería de "rápida" aplicación y que este mismo año se podría implantar en los seis hospitales que la Consejería pretende externalizar.
SANIDAD QUIERE "PRIVATIZAR POR ENCIMA DE TODO"
No obstante y pese a "esa mano abierta" a la administración para lograr un acuerdo de ahorro manteniendo el carácter público de la gestión, Frías ha comentado que la actitud de la Consejería revela que "su interés es privatizar por encima de todo" y que no se ha aportado "ni un dato" de que la gestión externalizada sea "más barata y eficiente".
"La Consejería está aplicando ese viejo axioma consistente en decir primero que algo es ineficiente, luego hacerlo ineficiente y después cambiarlo", ha comentado el representante de los jefes de Servicio criticar que Sanidad lleva tiempo "sin hablar de ahorro" porque su objetivo es "privatizar".
Al respecto, ha indicado que existen estudios y datos que reflejan que la "privatización" de la gestión es un sistema de ahorro sobre soluciones de "riego" que conlleva "pérdida de calidad asistencial", al optar por los pacientes de tratamiento "sencillo" para abaratar costes y que deriva los pacientes "complicados" (los crónicos) a los centros públicos que cada vez tendrían menos recursos.
Frías ha lamentado que el ahorro que planea la Consejería es "a costa de la calidad asistencial" y ha puesto como ejemplo que desde enero no se hayan renovado a 100 facultativos eventuales y que se hayan cerrado "todas las consultas por la tarde" con la aplicación del Plan de Sostenibilidad. Al respecto, Rafael Pérez ha dicho que el aumento de jornada no se ha traducido en más consultas ni operaciones sino en "descuento de horas de guardia" con una quita nominal de 200 euros mensuales a los profesionales.
DESCAPITALIZACIÓN DE LO PÚBLICO CON EL SISTEMA DE DERIVACIONES
Por otro lado, el sistema de derivaciones a centros privados genera, a su juicio, la "descapitalización" del sistema sanitario público y ha criticado, además, que esa medida fomenta mayor coste. En este sentido, el representante del Colegio de Médicos ha apuntado que existen estudios del servicio de cirugía del Hospital Ramón y Cajal de que la pruebas de escáner que se remite a centros privados deben repetirse en una horquilla entre el 20 y el 30 por ciento.
Lobo ha detallado también que en materia de endoscopia esa tendencia se extiende a muchos centros y ha criticado que los centros privados se realiza por separado las pruebas diagnóstica y terapéutica (lo cual genera dos peticiones) mientras que en el público se realiza conjuntamente.
"Se trata de pagar dos veces", ha lamentado Frías quien también ha dicho que hay sospechas de que a pacientes seropositivos se les diagnostica y atiende en centros diferentes. Además, ha señalado que el modelo externalizado resiente la investigación y la docencia. Al respecto, Lobo ha dicho que en 2011 la Fundación Jiménez Díaz ocupaba el puesto octavo en preferencia para hacer la residencia y que ahora se sitúa por encima del puesto 100.
EL CONFLICTO SIGUE ABIERTO
Por tanto, Frías ha asegurado que el conflicto sanitario "sigue abierto" por la actitud de la Consejería de Sanidad y ha recalcado que los profesionales no tienen "ni intereses gremiales ni sindicales" en sus reclamaciones, sino que se hacen por "responsabilidad". Además, el representante de los jefes de servicio ha dicho que las movilizaciones continuarán hasta que Sanidad revierta su actitud.
Finalmente, el presidente de Afem ha censurado que Lasquetty y el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, se hayan dedicado a "despreciar" a los profesionales durante el conflicto, lo que supone un "espectáculo lamentable" y "tal falta de decencia" que justificaría su dimisión.