Exige al Ministerio de Sanidad y al Gobierno que paralicen "la aplicación de una tasa que es injusta e ilegal"
MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio Madrileño de Salud, que engloba a varias organizaciones, ha rechazado este viernes la instauración de la tasa de un euro por receta, ya que a su juicio es "ilegal" al carecer la Comunidad de Madrid de competencias para poder establecer este tributo, ha informado este organismo en un comunicado.
Así, el organismo ha especificado que la incompetencia para poder establecer esta tasa viene establecida por la Constitución Española; la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y la Ley del Medicamento.
Además, ha recordado que el Dictamen del Consejo de Estado (623/2012), de 21 de junio de 2012, señalaba la inconstitucionalidad de la tasa de un euro por receta impuesta en Cataluña, y la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña.
Por ello, ha reiteado que esta tasa, aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que "el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y, a su juicio, supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid".
Por otro lado, ha considerado que se trata de una tasa "injusta" que penaliza a "los mas pobres y los mas enfermos y que se suma a los copagos farmacéuticos ya establecidos con carácter general por el RD Ley 16/2012".
Además, ha resaltado "la incompetencia" de la Comunidad al no poner en marcha el sistema informático apropiado, lo que en su opinión "va a hacer que las tasas pagadas, durante el mes de enero y hasta que este sistema informático este disponible, no se computen para el máximo anual de 72 euros que establece esta ley de manera que los madrileños acabaran pagando cantidades muy superiores".
Asimismo, ha denunciado que los formularios que la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de las farmacias para no pagar la tasa porque son ambiguos y amenazantes, y parecen incluir la aceptación de los ciudadanos de estar cometiendo una infracción, cuando en realidad la ilegalidad la comete el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, ha exigido al Ministerio de Sanidad y al Gobierno que paralicen "la aplicación de una tasa que es injusta e ilegal, y de cuya aplicación se pueden derivar daños irreparables para la salud y la vida de la población, al impedirles el acceso a los medicamentos que necesitan".
