MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sección 9ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, ha condenado al Servicio Madrileño de la Salud a indemnizar con 200.000 euros a un paciente de 48 años que sufrió importantes daños cerebrales en una operación debido a un fallo al ser intubado.
J.T.A., obesidad mórbida, fue sometido a una bypass gástrico el 26 de abril de 2004 en la Fundación Jiménez Díaz, sufriendo en las horas siguientes a dicha intervención una salida de contenido hemático y taquicardia, por lo que se decidió intervenir para revisar el lecho quirúrgico.
Durante la inducción anestésica de esta segunda intervención el paciente presentó parada cardiaca por hipoxia de 10 minutos de duración, como consecuencia de lo cual presentó importantes signos de sufrimiento cerebral, habiéndole sido reconocido una minusvalía del 68%.
La Sala, teniendo en cuenta el contenido de la demanda y la pericial judicial practicada, considera probado que existió una impericia en el arte de intubar por parte de los facultativos actuantes, y tacha el consentimiento informado firmado por el paciente de genérico al no aludir el mismo a ningún riesgo personalizado del paciente, sobre todo teniendo en cuenta que existían serias dificultades anestésicas. A juicio de la sala, todo confirma la existencia de una clara relación causal entre la hipoxia sufrida por el paciente y los daños cerebrales producidos al mismo.
Sin embargo, el paciente considera que la indemnización concedida no cubre la totalidad de los daños ocasionados, ya que el mismo se encuentra afectado de: pérdida de agudeza visual, manos en garra, dificultad para la movilidad, incapacidad laboral para su profesión habitual, así como los importantes daños morales ocasionados tanto al paciente como a sus familiares, por lo que el mismo está sopesando la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo.
En vista de las secuelas que sufre el afectado, la Asociación del Defensor del Paciente califica el caso como "otra de las muchas tragedias espantosas que tienen lugar en los servicios públicos madrileños".
En este sentido, esperan que al igual que hicieron la semana pasada la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre y el consejero de Salud, Juan José Güemes, en el caso de Rayán, también visiten a J.T.A. en su domicilio para darle las explicaciones pertinentes, "puesto que aquí la negligencia la ratifica un Juez con sentencia en la mano, es decir, no la reconoce el gerente de un hospital".
La defensa de los intereses de los familiares ha sido ejercida por la Letrada Julia García, especialista en derecho sanitario y adscrita a los servicios jurídicos de la Asociación Defensor del Paciente.
