ERC-IU-ICV denuncia que 200.000 españoles no está cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (SNS)
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (GER-IU-ICV) ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley en la que reclama la 'Ciudadanía Sanitaria' e insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la extensión de la cobertura sanitaria gratuita y el reconocimiento del derecho universal a la salud de las personas reconocidas como ciudadanos españoles.
En rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario IU, Gaspar Llamazares, ha denunciado que, aunque este derecho se encuentra recogido en la Constitución, "la vinculación del sistema sanitario público a la Seguridad Social hace que haya un colectivo que puede oscilar entre las 150.000 y 200.000 personas que no tienen asistencia sanitaria en España".
Estos colectivos son aquellos que no han cotizado nunca a la Seguridad Social, "bien porque no eran trabajadores o porque nunca han trabajado", y aquellos que, cotizando a la Seguridad Social, han agotado sus prestaciones. Cuando la realidad, según el grupo 'popular', es que "un ciudadano español, por el hecho de serlo, tiene derecho a la asistencia sanitaria de Urgencia, en Atención Primaria o en atención especializada".
"Esta situación demuestra que una cosa es la teoría, a través de la Ley General de Sanidad y la Constitución, y otra cosa es la práctica que, por suerte, está reducida a un colectivo pequeño, pero sensible, que pone en evidencia la no existencia del derecho universal a la sanidad", lo que lleva a una situación de inseguridad, a la vez que aumenta la complejidad en la gestión de los servicios sanitarios públicos.
Con la inclusión de la universalidad en la reforma de la Ley General de Sanidad se conseguirá evitar situaciones contradictorias, como es el hecho de que actualmente existan prestaciones sanitarias que son gratuitas para las personas extranjeras con residencia en España y que, sin embargo, "no haya una asistencia pública reconocida para todos los ciudadanos".
"No solamente nosotros somos conscientes del problema, sino que es consciente del problema el conjunto del sistema sanitario y las autoridades sanitarias, pero hemos de decir que hasta ahora no se había adoptado una iniciativa al respecto", señala.
En cuanto al coste que esta medida tendría sobre el Sistema Nacional de Salud, según Llamazares, se estima entre 136,7 y 145,4 millones de euros. No obstante, ha recordado que "un sistema que se financia con impuestos, lógicamente, tiene que ser un sistema universal; y en el momento en el que el sistema se ha emancipado de la Seguridad Social y es financiado por impuestos, se supone que todos los ciudadanos tienen derecho a su asistencia".
REGULACIÓN DE ISFAS, MUFACE y MUGEJU
Por otra parte, se incluye una Disposición Transitoria en la que se pide que se analice la diversidad de mecanismos que existen para cubrir la asistencia sanitaria a través de mutualidades o empresas colaboradoras, ya que "está vulnerando la necesaria equidad y solidaridad entre los ciudadanos españoles".
"No sólo tenemos un sistema sanitario público, sino que tenemos también distintos colectivos que tienen un sistema sanitario propio -- ISFAS, MUFACE y MUGEJU--, tres sistemas para colectivos de funcionarios que son sistemas sanitarios paralelos", así vuelve a plantear la necesidad de regular esta situación a través de su integración en el SNS, tal y como ya impone la Ley General de Sanidad y que, según Llamazares, "nunca se ha cumplido".
No obstante, entiende que para ello se debe estudiar la relevancia de los sistemas; ver la eficacia de los mismo y, finalmente, analizar los mecanismo de integración "sin afectar a los derechos adquiridos por esa población protegida por esas mutuas específicas".
Esta Proposición de Ley pretenden se un "acicate" al Gobierno para que cumpla este compromiso, "fundamental" para el SNS. Asimismo se trata de la tercera propuesta del Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV para conseguir que no siga habiendo "ciudadanos de primera, de segunda y de tercera". Esta iniciativa se une a las puestas en marcha anteriormente: contra cualquier sistema de copago y contra los modelos de gestión privados, que "intentan degradar el sistema sanitario público".
