Después de que Becerril dijera que no ve indicios de inconstitucionalidad en el plan sanitario de Madrid
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional de IU Gaspar Llamazares se ha referido este jueves a las palabras de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, diciendo que no ve indicios de inconstitucionalidad en el plan de externalización sanitaria de la Comunidad de Madrid, y ha considerado que en España no hay una Defensora del Pueblo, sino una "defensora del PP y una ofensora del pueblo".
"No tenemos Defensora del Pueblo. Creo que tenemos una Defensora del PP y una ofensora del pueblo", ha considerado Llamazares tras reunirse con el portavoz sanitario de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, para abordar la petición que han hecho a Becerril para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que prevé la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud.
A este respecto, Llamazares ha opinado que el Plan de Sostenibilidad es "un zombi, un muerto viviente"; ya que la ciudadanía los votantes del PP, los profesionales sanitarios y los usuarios "lo rechazan". El diputado ha ido más allá y ha señalado que "ni siquiera entre los posibles concurrentes hay un clima favorable" a la "privatización.
PLAN "ZOMBI"
En su intervención, Llamazares ha avanzado que van a intentar parar este "plan zombi" con las mareas ciudadanas; políticamente, en el Parlamento nacional, y constitucional y judicialmente. "Que no se esperen que este será el último recurso", ha señalado y ha avanzado que utilizarán todas sus posibilidades para bloquearlo.
Por su parte, Bejarano ha afirmado que siguen considerando una "motivación inconstitucional" en la externalización sanitaria, que "pulveriza el concepto de sanidad pública, universal y gratuita". Además, ha denunciado que supone un "conflicto laboral", así como político y social en todos los barrios y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Bejarano, quien ha señalado que a pesar de que ya han pasado seis meses de movilizaciones la Comunidad de Madrid no les ha dado ningún informe que justifique la externalización, ha destacado que este plan, contenido en la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid para 2013, "vulnera el ordenamiento jurídico".
NO DESCARTA "NINGUNA ACCIÓN JUDICIAL"
Por eso, no descarta "ninguna acción judicial" contra esta medida, que "infringe la legislación" y ha avanzado que van a seguir llamando a la "movilización ciudadana".
Bejarano ha explicado que la consideran inconstitucional porque supone una "infracción del principio de arbitrariedad" establecido en la Constitución; el de irrenunciabilidad; vulnera la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Contratos del Sector Público.
