GIJÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, Ángel Luis Campo Izquierdo, ha propuesto este jueves el quitar a los médicos la responsabilidad de informar a los pacientes de los riesgos de operaciones o tratamientos y, que en su lugar, se creen oficinas informativas en los centros sanitarios con personal que tenga los conocimientos adecuados, para que asuman esa función.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press antes de impartir la ponencia 'La información médica según la jurisprudencia', en el hospital de Jove, dentro del ciclo de conferencias organizadas por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI).
La propuesta la ha justificado debido a la masificación de la sanidad. Según él, debería de haber verdaderas oficinas de información adonde puedan acudir los pacientes o sus familiares, en las que se les dedique el tiempo necesario y de la forma adecuada a su capacidad de comprensión.
Campo Izquierdo ha señalado que muchas veces se acude al juzgado para buscar una información que no se le da por parte del médico o el centro sanitario, e incluso para causar el mismo daño que le han causado a uno u obtener lo que se quiere saber "a la fuerza".
A este respecto, ha apuntado que, aunque es cierto que hay crisis, a veces esta falta de información deriva en el pago de indemnizaciones, algo que se hubieran ahorrado si existieran esas oficinas. "Se paga más de una manera, que de la otra", ha apostillado.
Ha incidido en que, en su opinión, la denuncia penal se pone en principio para obtener información que no se facilita en el centro sanitario, aunque no suelen prosperar en muchos casos porque no hay dolo o culpa.
"Lo que se quiere es obtener una información rápida y gratuita para luego ir a pedir la reclamación civil", ha dicho, antes de recalcar que todos los facultativos tienen un seguro, por lo que sería más útil que se arreglaran las situaciones mediante la mediación en lugar de acudir a los juzgados. Entre las posibles causas de acudir a la Justicia está desde posibles negligencias a el coger una enfermedad debido a la estancia hospitalaria distinta a la que motivó el ingreso.
Para evitar estas situaciones y también casos de corporativismo, ha insistido en que los facultativos no sean quienes tengan que informar al paciente. Para ello, debería estar recogido todo en la historia clínica del paciente, a la que este tendría acceso. Asimismo, en esas oficinas se les daría la información de forma comprensible para gente profana a la medicina.
Campo Izquierdo ha resaltado los últimos cambios legislativos, como La Ley de Autonomía del Paciente y otras relacionadas con la dependencia, por las que las personas con discapacidad tienen derecho a ser informados aunque de forma que lo comprendan, lo que ha permitido ir mejorando la situación.
Por otro lado, ha recalcado que el hecho de firmar un consentimiento informado, no exime de responsabilidad al médico, ya que, si no actúa con la diligencia que debe, será responsable del resultado.
Para que sea válido el consentimiento, tiene que haber una información adecuada a la persona y al caso concreto. Esta tiene que haber entendido esa información y debe haberla firmado consciente de lo que firma, según el magistrado.
