VALLADOLID 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha dictado auto de imputación contra dos ginecólogos y una matrona que asistieron en marzo de 2004 a una parturienta que murió desangrada tras dar a luz a una niña en el Hospital Campo Grande de la capital pucelana.
En su auto, la juez del caso entiende que de la prueba practicada se deduce que el fallecimiento de la víctima, M.M.A, de 35 años, es "consecuencia de la imprudencia médica de los responsables que la asistieron", en concreto los ginecólogos J.G.M. y J.A.M.P. y la matrona M.P.V.R, a la vez que añade que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El auto, no obstante, ha sido recurrido en reforma por los imputados y por la acusación particular, esta última al entender que la matrona no es responsable de lo ocurrido y para solicitar que en la lista de inculpados se incluya los nombres del anestesista y del urólogo.
La resolución del Juzgado de Instrucción número 5 se produce como consecuencia de la abundante prueba testifical y de los cinco informes periciales emitidos por el forense, tres peritos de la Real Academia de Policía (un ginecólogo, un urólogo y un anestesiólogo) y el de parte solicitado por la acusación particular.
Así, mientras el ginecólogo y el urólogo de la Real Academia de Medicina establecían en sus respectivos informes que la actuación de sus homólogos que componían el equipo que atendió a la víctima fue correcta o sujeta a la 'lex artis', un anestesiólogo, quien al igual que los anteriores recibió el cometido de analizar el comportamiento de los imputados, estableció que "al final de la intervención, cuando se detectó una anemia importante, de haber habido un adecuado control de la hemostasia lo previsible es que se hubiera producido la recuperación de la paciente".
En su día, la perito de la acusación particular, la ginecóloga madrileña C.E, determinó que la falta de atención por parte de algunos miembros del equipo que intervino a la mujer fue la desencadenante de la tragedia. El referido informe, que consta de tres tomos y que es una prueba de las denominadas de parte, establecía en sus conclusiones que el óbito de M.M.A. se produjo por una falta de atención y limitaba la responsabilidad al ginecólogo J.G.M, al anestesista y al urólogo.
En su análisis de lo ocurrido, la perito incidía en las contradicciones de los imputados cuando alegan que los problemas de falta de coagulación de la paciente no se iniciaron durante la operación sino a raíz de su ingreso posterior, a partir de las 19.30 horas, en la UCI del Hospital Campo Grande. En este sentido, la perito de la acusación particular advertía de que si ya a las 16.15 horas de ese mismo día se efectuó una petición urgente de sangre al hematólogo del citado centro hospitalario es porque ya había problemas.
Además, en su informe la perito establecía que el día de la intervención el Hospital Campo Grande no contaba con especialista alguno de guardia, ya que todo el personal era fundamentalmente administrativo, junto con un algún auxiliar de planta, dos pediatras y un médico de cirugía general.
Por contra, los dos ginecólogos, un urólogo, un anestesista y una matrona que formaban parte del equipo negaron en su declaración judicial que el fallecimiento fuera fruto de una mala praxis en lo concerniente a las distintas especialidades de Ginecología, Urología y Anestesiología de las que eran responsables los miembros del equipo.
La autopsia practicada a la mujer, de 35 años, reveló que la rotura del útero y la vejiga pudo desencadenar la muerte de la embarazada a causa de una coagulación intra vascular diseminada, que significa falta de coagulación en la sangre.
El fallecimiento se produjo el día 29 de marzo de 2004 en el Hospital Campo Grande, de carácter privado, al que la víctima, M.M.A, había acudido para dar a luz por cesárea a una niña que nació en perfecto estado. Días después un familiar decidió entonces presentar denuncia ante la Policía Nacional para solicitar la correspondiente autopsia y determinar las causas concretas del óbito.
El equipo médico que participó en el alumbramiento, según explicó días después el ginecólogo J.G.M, constató en una primera inspección que la mujer tenía dilatación completa, por lo que fue llevada al paritorio para ser sometida a una cesárea al comprobar que el feto sufría importantes bradicardias.
Los especialistas comprobaron entonces que presentaba rotura del útero, de ahí que se decidieran a extraer el feto urgentemente, cosa que ocurrió sin daño para la niña, tras lo que la mujer fue sometida a una intervención para reparar el útero dañado. Posteriormente, la mujer fue trasladada a la UVI y fue allí donde sufrió parada cardiaca como consecuencia del denominado síndrome de coagulación intra vascular diseminada, un síndrome poco frecuente que produce una hemorragia imposible de contener.
