MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo provida La Vida Importa ha anunciado que convocará una "gran cocentración" el 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid para pedir que los psiquiatras que firman los certificados que permiten abortar a las mujeres "no tengan relación con las clínicas abortistas" y dependan de la Seguridad Social para "garantizar su independencia", además de que las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado "dispongan de todas las alternativas para poder continuar con su embarazo si lo desean".
Los manifestantes pedirán que se limite el aborto a un plazo máximo de 22 semanas en todos los supuestos contemplados, periodo a partir del cual un feto podría sobrevivir fuera del seno materno.
El portavoz de La Vida Importa, Juan Sánchez-Galera, señaló, en declaraciones a Europa Press, que las investigaciones judiciales están analizando si los dictámenes médicos que emitían los centros de aborto "eran falsos" y señaló que "el 75 por ciento de los abortos se produce por violencia de género", producida por "la empresa, que amenaza con el despido, los padres o la pareja, por lo que hay que ayudar a la mujer".
"Ya que se gasta dinero en financiar el aborto, que se financien alternativas para que la mujer pueda seguir con su embarazo", señaló Sánchez-Galera. Respecto a las protestas de las clínicas por las peticiones de entregar las historias clínicas, el portavoz de La Vida Importa aseguró que "lo que quieren es que no haya control legal sobre ellas". "La Comunidad de Madrid tiene la obligación de velar para que se cumpla la ley", señaló, "y tiene competencias legales para ello".
"MANIPULACIÓN EN LAS CLÍNICAS".
Por su parte, el presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, señaló que es necesario que "las mujeres tengan toda la información y no sean manipuladas por parte de las clínicas, que están interesadas en que el aborto se produzca en todo caso". "A la mujer se la manipula en las clínicas", señaló, y añadió que "la Administración no ofrece salidas".
Para Arsuaga, "el apoyo brindado por el Ejecutivo a los centros abortistas, incluso a aquellos que han sido cerrados y que están siendo investigados por la Justicia, demuestra que el PSOE, si gana las elecciones, pretende abordar una ley de plazos, ampliando la actual ley del aborto, algo que sería inconstitucional".
INSPECCIONES DE LAS CLÍNICAS
Finalmente, fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsables de la denuncia contra la clínica Isadora de Madrid, señalaron en declaraciones a Europa Press que la Comunidad de Madrid "está legitimada a controlar las posibles irregularidades que se cometan en los centros abortistas", de los que podría llegar a ser "responsable subsidiaria", de la misma forma que "puede pedir documentación sobre, por ejemplo, las operaciones que se hayan realizado en clínicas de estética".
Según estas fuentes consultadas por Europa Press, "el juzgado, en todo caso, tiene acceso" a las historias clínicas, que "deben tratarse con toda discreción". "Si estos centros se negaran a proporcionar la documentación, se trataría de una falta grave", señalaron.
