Denuncia que se "criminalicen" a los inmigrantes y se "castiguen" a los mayores con una ley "vengativa"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma SOS Sanidade Pública ha presentado este miércoles un escrito en el Parlamento gallego para reclamar al jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "que actúe como presidente gallego y no aplique los recortes en Galicia, haciendo valer las competencias que en sanidad tiene la Xunta". "Otra cosa que debería saber el presidente es que los jubilados gallegos no toman café", ha advertido un representante de esta entidad.
De esta forma, y después de escuchar al mandatario autonómico en la sesión de control al Gobierno, en la que los grupos de la oposición han criticado duramente el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las nuevas medidas en el ámbito sanitario, representantes de esta plataforma --en la que están integrados sindicatos y los grupos de la oposición-- han entregado un escrito en el que advierten de las consecuencias negativas para los pensionistas gallegos, que de por sí cuentan con las retribuciones más bajas del Estado.
En el documento, que dio a conocer Ramón Veras --de la plataforma de A Coruña-- en rueda de prensa acompañado de otros representantes de esta entidad y de las diputadas Ana Luisa Bouza (BNG) y Carme Acuña (PSdeG), se denuncia que el decreto aprobado supone "el retroceso más importante del sistema sanitario español" desde la promulgación de la Ley General de Sanidad.
Asimismo, los representantes de esta plataforma censuran que se "recurra" por parte del Partido Popular, del Gobierno gallego y del Ejecutivo central, al "argumento de que no hay alternativa" y de que con estas medidas "se garantiza el futuro". "Pero lo cierto es que son políticas fracasadas que se reiteran una y otra vez obteniendo los mismos resultados ", apostilla el escrito.
De esta forma, explica que "el sistema sanitario público es de gran calidad, eficaz y eficiente". Por ello, asegura que "es perfectamente sostenible y no está en situación de quiebra", y argumenta que el gasto público está "por debajo de los estados del entorno, por lo que difícilmente se puede responsabilizar a la sanidad de la deuda pública".
COPAGO A JUBILADOS
Por otro lado, señala que el nuevo copago a pensionistas, junto con el incremento del pago a los trabajadores en activo, "es un impuesto a la enfermedad y una amenaza para la accesibilidad a los servicios que puede producir el empeoramiento de la salud de renta baja".
"El copago a pensionistas es una rebaja de las pensiones, ya que este grupo de población es el máximo receptor de medicamentos y la pensión media gallega es la más baja de todo el Estado", remarca el documento.
Así, los representantes de esta plataforma recuerdan que las competencias por parte del Gobierno central que el Ejecutivo gallego "no debería admitir".
Dicho esto, las organizaciones, tal y como manifiestan por escrito y expresaron en la rueda de prensa, muestran su preocupación por las repercusión económica "real" de estas medidas, puesto que, sea como sea, los pensionistas tendrán que adelantar "el 10 por ciento" de los tratamientos, y esperar su devolución cada seis meses.
También advierten de que "se desconoce en este momento el alcance de la reforma e introducción de copago ya anunciado por las prestaciones complementarias --dietoterapia, osixenoterapia, ortoprótesis y transporte programado-- así como por las accesorias".
Finalmente, el documento señala que "la única forma de hacer realmente progresiva a la aportación de la ciudadanía al sostenimiento del sistema sanitario adaptando los ingresos por impuestos a las necesidades financieras del sistema" y "haciendo que pague más quien más tenga".
"RIESGO" SANITARIO
Los miembros de la plataforma advierten del "riesgo" que supone para la sanidad pública medidas como la de dejar fuera de la atención programada a los inmigrantes irregulares. Ponen como ejemplo la tuberculosis u otras infecciones, que se pueden tratar en urgencias en sus momentos agudos, pero necesitan de un tratamiento y un seguimiento para su curación.
Rosa Abuín, de CIG, ha criticado que se "criminalice" a la población inmigrante como mayor consumidora de la sanidad pública, y ha señalado que uno de los colectivos más perjudicados serán las mujeres que realizan tareas del hogar y las que se dedican a la prostitución. "Ésa es la moral de este gobierno", ha censurado.
En palabras de Javier Martínez, de UGT, es una "ley vengativa" con los pensionistas e "inaceptable" por tener como "receta para salir del pozo la privatización y el castigo".
MOVILIZACIONES
En este contexto, los miembros de la plataforma llaman a la sociedad gallega a participar en las movilizaciones previstas para defender la sanidad pública y que tendrán su acto central el próximo 3 de junio, con una manifestación en Santiago de Compostela.
También prosigue la campaña de recogida de firmas para apoyar la iniciativa legislativa popular (ILP) para apoyar la sanidad pública, si bien ya cuentan con las 15.000 necesarias para su debate en pleno. Con todo, ya superan las 30.000 contabilizadas y podrían alcanzar las 50.000.
