Los 'populares' aprueban en solitario una ley para crear una red de apoyo a embarazadas que, según la oposición, "beneficia a sus amigos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El último pleno ordinario de este período de sesiones en el Parlamento gallego --sobre la ley para crear una red de apoyo a mujeres embarazadas, a instancia de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por asociaciones antiabortistas-- se convirtió en una trifulca entre los grupos: PSdeG y BNG se enfrentaron con dureza al PP, que les acusó de "no respetar la voluntad" de las mujeres que no deciden abortar.
El ambiente fue tenso desde primera hora en el Pazo de O Hórreo, donde los populares aprobaron en solitario el texto de la ley y hasta donde se desplazaron varios grupos feministas, así como miembros de la Red Madre, para participar en el debate. Previamente, un grupo de feministas se manifestaron a la entrada de la Cámara portando pancartas con lemas como 'No vamos a permitir que nos pongan a parir'.
Sin embargo, el detonante del enfrentamiento entre los grupos fue la intervención de la diputada popular Paula Prado, que provocó la indignación en las filas de socialistas y nacionalistas. "Son ustedes, el PSOE y el BNG, los que no respetan la libre voluntad y la decisión de las mujeres que, en vez de abortar, prefieren seguir adelante con su embarazo; y esas mujeres son, precisamente, a las que queremos ayudar", proclamó.
La sentencia, muy aplaudida por los populares, tuvo como respuesta los gritos de la oposición al entender que se les imputaba "la comisión de un delito" --por "obligar" a abortar-- y una demanda de intervención por parte del diputado del PSdeG Modesto Pose, que no autorizó la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, quien, concluido el turno de Prado reprobó que no se escuche "con respeto" a los diputados.
De hecho, Rojo consideró "inaudito y absolutamente impresentable" lo ocurrido durante la intervención de la diputada popular y reclamó "reflexión", antes de dar paso al turno de réplica, que la diputada del BNG Ana Pontón aprovechó para "rogarle" la retirada el diario de sesiones la "acusación del PP sobre la comisión de un delito", sin obtener respuesta.
"Porque obligar a abortar es un delito", apostilló la nacionalista, quien aclaró que el BNG defiende el aborto como "derecho" y no como "obligación". En la línea, se pronunció la parlamentaria del PSdeG Silvia Fraga: "¿Cómo se atreve a decir que no respetamos a las mujeres?", preguntó y agregó que es el PP el que pretende "forzar a la mujer a tener hijos". "Y no vamos a permitir que nos pongan a parir", remarcó.
Además, los grupos de la oposición sugirieron en sus intervenciones que esta normativa financiará campañas de adopción, tal y como recoge la ley, con lo que socialistas y nacionalistas cuestionaron el modelo de maternidad que defiende el PPdeG al incluir este extremo en la legislación.
"FINANCIAR UNA RED ANTIABORTISTA"
Del mismo modo, socialistas y nacionalistas criticaron con dureza el texto de la ley, por entender que tras una apariencia "inofensiva" esconde la "puesta en marcha y financiación" de una "red antiabortista privada" y "boicotear" la puesta en marcha de la Ley del Aborto, aprobada por el Gobierno central.
"Desmantelan lo público y financian redes privadas que benefician a amigos del PP; quieren pagar favores con una red paralela", denunció Silvia Fraga, una visión que aseguró compartir Ana Pontón, quien censuró la "hipocresía oceánica" de los populares.
La nacionalista alertó, además, de que la ley "retrotrae, con conceptos rancios, una carga de moralidad que no debería formar parte de ninguna ley". La nacionalista insistió en que la norma "no amplía derechos", sino que supone "un retroceso de décadas y una agresión para los derechos de las mujeres". "Quieren colar por la puerta de atrás conceptos para ganar en los tribunales lo que no ganan en la sociedad", remarcó.
Frente a ello, en su segunda intervención, Paula Prado se ratificó en sus palabras --con respecto a la acusación de "no respetar" la voluntad de las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo-- y rechazó la carga "ideológica" que la oposición atribuyó a la ley.
"Crear esta red no es una iniciativa ideológica, es de sentido común para todos los que creemos en el Estado social", esgrimió la portavoz popular, quien justificó el apoyo de su grupo a la ley y defendió también la maternidad como pilar fundamental para el "futuro" de Galicia.
"¿Podemos permanecer indiferentes ante su grave problema demográfico?", se preguntó Prado, ignorando las risas de las bancadas de PSdeG y BNG, y agregó que es "absurdo" ver "fantasmas" donde hay "recursos sociales". "Con esta ley se puede seguir con el aborto pero habrá dos caminos", argumentó y pidió "no imponer conductas, sino ofrecer oportunidades".
"GRAN DÍA" PARA RED MADRE Y CRÍTICAS FEMINISTAS
Al término del debate y tras la aprobación del texto, la portavoz de Red Madre, Coloma Viúdez, manifestó su satisfacción por la aprobación del texto y felicitó a las mujeres gallegas porque, desde hoy, "tendrán la posibilidad de elegir". "Hoy es un gran día", proclamó.
Del mismo modo, rechazó las críticas de la oposición, por las que dijo sentirse "muy dolida". "Me duele, sobre todo, la disociación de lo que plantean aquí y de lo que se opina en la calle, les sorprendería saber cuántos de sus partidos han firmado la ILP", señaló Viúdez.
Frente a ello, el grupo de feministas que contempló el debate abandonó el hemiciclo gritando la proclama 'Somos personas, no incubadoras'. Previamente, la presidenta instó a algunas de ellas a salir por interrumpir el discurso de Paula Prado.
Además, las diputadas socialistas lucieron durante todo el debate una camiseta violeta con el lema "vivir es decidir", que algunos de sus compañeros --Abel Losada, Francisco Cerviño, José Manuel Lage y Modesto Pose-- situaron también delante de sus respectivos escaños.
TEXTO DE LA LEY
El texto de la normativa, impulsada por asociaciones como el Foro de la Familia, recoge el "derecho a la vida en formación desde la concepción" y tiene como objetivos propiciar el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo y sanitario o asistencial para que garantizar y preservar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo.
Así, en sus nueve artículos establece su ámbito de aplicación, el derecho a la información, los recursos o la colaboración entre las administraciones. Uno de los aspectos eliminados fue la concepción de aborto como "defunción" de la exposición de motivos de la normativa. Serán beneficiaras de la ley las mujeres gestantes en especial situación de riesgo, las menores de edad, las que se encuentran cursando estudios y son menores de 30 años, las discapacitadas y las inmigrantes.
Además, la ley establece que las convocatorias de la Xunta en materia de servicios sociales considerarán "circunstancia prioritaria" que alguna de las beneficiarias sea una mujer gestante.
Al margen del articulado, las disposiciones finales recoge que el Ejecutivo autonómico elaborará un plan integral de apoyo a la mujer embarazada, en el plazo de un año, en el que se incluirán las acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de la red y que suponga poner a disposición de la mujer embarazada recursos de tipo sanitario, social, educativo o cualquier otro.
