La oposición denuncia que se crean servicios "paralelos", lo que el PP rechazaba, y lamenta que no se incluyan otros derechos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ley por la que se creará una red de apoyo a las mujeres embarazadas, y que parte de un iniciativa legislativa popular impulsada por asociaciones antiabortistas, estará aprobada este mismo mes, una vez concluyan los trabajos de la ponencia parlamentaria y salga adelante en la Comisión de Sanidade e Política Social del próximo día 10, según prevén las diputadas miembros de ese órgano. No obstante, persisten las discrepancias entre el PPdeG, por un lado, y la oposición, por otro, por su "carga ideológica".
La iniciativa legislativa promovida bajo el nombre de Redmadre y que impulsa, entre otras, el Foro de la Familia, fue tomada en consideración por la Cámara gallega en mayo de 2009. De hecho, fue la primera propuesta ciudadana en comenzar su curso parlamentario en lo que va de VIII Legislatura en el Parlamento gallego.
Tras iniciarse los trabajo en ponencia el pasado mes de septiembre, las diputadas Paula Prado (PP), Silvia Fraga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) se reunieron hoy para avanzar en la redacción final del documento, que la oposición rechaza porque, a su juicio, creará servicios "paralelos", así como no recoge "el derecho a decidir sobre la maternidad", sino que se restringe al apoyo a de las mujeres que siguen adelante con su embarazo.
En declaraciones a los medios tras concluir la reunión de la ponencia, Paula Prado insistió en que se trata de una red asistencial de ayuda a las mujeres embarazadas que no cuentan con recursos económicos ni apoyo familiar o social y que, paralelamente, "quieren llevar adelante su embarazo". "Se trata de facilitar que sigan adelante", recalcó.
Al respecto, criticó a los grupos de la oposición por, a su entender, "haberse confundido de ley" al incluir enmiendas relacionadas con otros aspectos más amplios. "Es una red social de apoyo a las mujeres", aseveró, y rechazó las enmiendas de los socialistas porque sería lo mismo que "aceptar la Ley del aborto (estatal) traducida al gallego".
Asimismo, la parlamentaria popular explicó que la negativa del PPdeG a incluir información sobre el aborto, derechos sexuales y reproductivos, que "tienen una carga ideológica importante", se debe a que "para eso, está la ley del Congreso".
DUDAS MARCO LEGAL
Sin embargo, la diputada del BNG Ana Pontón, que aseguró que las enmiendas presentadas por la formación tratan de darle "racionalidad y lógica", lamentó que el PP "bloquease totalmente". Así, censuró la "radicalidad" de los populares en sus enmiendas a la iniciativa legislativa y dudó de su "adecuación legal", por incluir el "derecho a la vida en formación desde la concepción", algo que "no se reconoció" en la Ley del aborto.
"Más que situarse en la defensa de los derechos de las mujeres y a decidir sobre la maternidad, hay posiciones ultrarreaccionarias que privan de ese derecho", constató y, al igual que la socialista Silvia Fraga, mostró su preocupación por que la creación de la red de apoyo suponga una "red paralela para entregarla a las manos que promovieron la iniciativa".
Por su parte, Silvia Fraga observó que esta normativa, con la que los socialistas "no comparten su óptica" ni "espíritu", debería recoger aspectos dirigidos a la prevención de embarazos no deseados o derechos como el de "elección en libertad" de la maternidad.
Asimismo, la diputada del PSdeG censuró que se vaya a crear una red "paralela", en lugar de "aprovechar los recurso que ya existen", como son la red de centros de información a la mujer o las oficinas I+b, que --acusó-- están "desmantelando". "Las enmiendas del PP van en otros sentido con el que no estamos de acuerdo", apostilló.
En contraposición, la popular Paula Prado rechazó que se vaya a crear una red paralela y garantizó que se van a usar "los recursos que tiene la Xunta", al tiempo que se "contará con los ayuntamientos". "Vamos a contar con los trabajadores sociales, con el teléfono de la mujer y todas las entidades que trabajan día a día en servicios de atención social", zanjó.
