Ve en las denuncias penales de los trabajadores un "pésimo precedente" para la sanidad
BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital Sant Pau de Barcelona durante el último año y exconseller de Salud de la Generalitat con CiU, Xavier Pomés, ha cargado con dureza contra el Protectorado de Fundaciones dependiente de la Conselleria de Justicia del Govern al considerar que "no tiene ni idea" del papel que desempeña.
En una comparecencia con motivo de la comisión en el Parlament que investiga la gestión sanitaria, centrada este lunes en el caso del Sant Pau, Pomés ha recordado el lapso de tiempo que pasó desde la solicitud de intervención en abril hasta que el Protectorado recomendara en junio solicitar el concurso de acreedores, dos meses más tarde, algo que ha atribuido a una "incompetencia absoluta, irresponsabilidad total o incapacidad" del ente.
Pomés desembarcó en el Hospital Sant Pau después de que el Govern interviniera el centro por el déficit de 18 millones de euros generado en 2011, y dejó el cargo un año después con la dimisión de toda la cúpula, precisamente el mismo día que el Protectorado recomendó el concurso de acreedores y la misma semana que el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona que investiga la presunta malversación de fondos anunciara la imputación de otros nueve exaltos cargos.
El presidente, que llegó precisamente para reflotar el centro y que cerró 2012 con un déficit superior a los 6 millones --12 millones menos que el curso anterior--, ha criticado en diversas ocasiones la ingobernabilidad del hospital, algo de lo que ha culpado principalmente a las denuncias penales presentadas por el comité de empresa y que mantienen imputados a más de una docena de exaltos cargos, lo que ha considerado que sienta un "pésimo precedente" para la gestión sanitaria de los hospitales.
Pomés se ha referido también al gerente que llegó con él, Xavier Corbella --y que dejó el cargo un mes antes que el resto de la cúpula--, "el mejor gestor que había", por lo que ha reiterado que la imposibilidad de regir el rumbo del centro se debe a una situación de confrontación previa que no pudieron desactivar, fruto de la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente fue anulado.
Los trabajadores, por su parte, han reiterado en diversas ocasiones que la judialización del conflicto del Sant Pau está motivada por la gestión diferenciada de forma privada del patrimonio --inmuebles y valores que generan alrededor de 10 millones de euros al año--, de la propia gestión sanitaria.
En su intervención ante los diputados, Pomés ha defendido que con la Conselleria de Salud que dirige Boi Ruiz ha existido una "estricta coordinación y permanente comunicación" y ha achacado además el déficit histórico que arrastra el centro a una supuesta falta de liderazgo interno y a una estructura demasiado cara.
CUATRO DEMANDAS
Pomés ha explicado también que en un año ha celebrado 14 reuniones infructuosas con el comité de empresa, y que en cambio éste ha presentado cuatro denuncias por la vía penal contra él, a pesar de que su actuación ha estado sujeta a la más estricta observación de las leyes vigentes y, además, ninguna de estas demandas ha sido admitida a trámite.
El expresidente ha admitido que es un derecho presentar una denuncia si se considera que existe una ilegalidad, aunque ha insistido en quejarse del uso de "mecanismos que no son correctos" ante un conflicto laboral, con el fin de coaccionar al equipo de dirección en la toma de decisiones.
Pomés, en todo caso, ha augurado que "no habrá ningún Govern que cierre Sant Pau", preguntado sobre la ingobernabilidad puede conducir al desmantelamiento del centro, aunque sí ha avanzado que si no se corrige el déficit actual puede convertirse en una infraestructura sanitaria inviable como hospital de máximo nivel asistencial.
