Piden respuesta sobre la responsabilidad civil y penal que habrá si existen efectos adversos tras la vacunación contra la gripe A de las embarazadas, como la pérdida del feto
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, manifestó hoy que las enmiendas del Partido Popular en el Senado a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios supone una "falta de compromiso", y exigió que se dé respuesta acerca de quién tendrá responsabilidad civil y penal tras la vacunación contra la gripe A de las embarazadas.
Según lamentó González Jurado, se trata de una "situación compleja", porque la ley no se podrá aprobar hasta dentro de tres o cuatro meses, debido a la inoportunidad y a la falta de cumplimiento de compromisos del PP con el consejo. "El Partido Popular había informado de que no iba a presentar ninguna enmienda en el Senado y, en ese caso, la ley ya estaría aprobada probablemente publicada en el BOE", indicó.
González Jurado explicó que, debido a las vacaciones legislativas, en el mejor de los presupuestos podría verse en pleno del Senado, y hasta febrero no volvería al Congreso, y si no se viese en diciembre se vería en febrero en el Senado, y en marzo en el Congreso.
En este sentido, señaló que esto podría no haber tenido trascendencia en otra situación, pero sí en ésta, ya que "se está en pleno proceso de vacunación contra el virus de la gripe A, y al enfermero se le ha dado instrucciones de que tiene que valorar al paciente sin volante médico y, en virtud de esa valoración, vacunar o no a la persona".
Uno de los grupos de riesgo de la gripe A son las embarazadas, y uno de los riesgos que supone hacer una valoración de estas mujeres y vacunarlas es que haya pérdida de fetos, algo que "estadísticamente" está demostrado que puede ocurrir, advirtió el presidente del consejo enfermero.
Por ello, González Jurado se pregunta lo qué ocurrirá y quién asumirá la culpabilidad civil y penal de esta situación, si se determina que pueda haber problemas de responsabilidad. "La enfermera o matrona lo están haciendo porque se les está obligando a hacer desde la Administración sanitaria, y lo sabe hacer, pero el riesgo de que haya un efecto adverso existe", alertó.
"Hemos pedido a las autoridades sanitarias que exigen esto a los enfermeros que digan si asumen responsabilidades civiles y penales en el supuesto de que haya un accidente como consecuencia de este acto profesional, así como quién asumiría esa responsabilidad, pero hasta ahora no ha habido contestación por parte de las comunidades autónomas, a quienes se les ha exigido por escrito", lamentó.
Según indicó, si no se hubiesen presentado enmiendas la ley estaría aprobada y hoy los 250.000 enfermeros tendrían una ley que les garantizaría que lo que están haciendo lo pueden hacer jurídicamente, porque "hoy en día no tienen esa garantía".
